Comunicado del Movimiento Peronista Auténtico

El 4 de abril pasado, los docentes nucleados en los Gremios ATEN, SADOP y ADUNC decidieron cortar el paso de la ruta 22, a la altura de la localidad de Arroyito, en el marco de la huelga que lleva 30 días sin solución, por parte del gobierno.

El corte fue violenta y ensañadamente reprimido; en base a instrucciones políticas dispuestas por el Gobernador Jorge Sosbisch; ejecutadas por el Subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli y personal subalterno civil y policial.

 

El fusilamiento a dos metros de distancia del compañero Docente Carlos Fuentealba, de 41 años, cuando se encontraba dentro del auto, escapando de la avanzada policial, es una clara muestra de una costumbre de los gobiernos emepenistas: la represión como forma de enfrentar la protesta social y, como hace diez años con Teresa Rodríguez, también deja heridos graves y muertos.

La represión obedece a una clara estrategia de Sobisch, que desea mostrarse como paladín de la mano dura en vistas a las próximas elecciones, donde mantiene aspiraciones presidenciales (sin embargo no llega al 1% de intención de voto).

En un clima de indignación y furia, minutos después de la conferencia de prensa ofrecida por Sosbisch, la concentración que ocupaba los alrededores de la casa de gobierno cercó la misma, impidiendo la salida del gobernador y funcionarios, que fueron agredidos al grito de ¡asesinos!. Sobisch debió abandonar la casa de gobierno disfrazado de policía, en medio de los insultos. La policía debió arrojar gases lacrimógenos para dispersas a los docentes.

La situación es muy tensa, se vive un clima de indignación y tristeza por lo acontecido.

El conflicto, que lleva más de un mes y viene afectando el comienzo de clases en las distintas escuelas de la Provincia, es por una recomposición salarial acorde al costo de vida de la provincia, que se encuentra por las nubes. Mientras nuestros recursos naturales continúan sometidos al más perverso de los saqueos (y que responde al sostenimiento a nivel nacional de las condiciones impuestas por el menemismo en la década pasada), a manos de Repsol y demás multinacionales petroleras, en virtud de la entrega a precio vil llevada a cabo por la parasitaria turba de guarangos e ignorantes que nos gobiernan, responsables locales entre muchos otros del saqueo, la riqueza generada por nuestros recursos naturales no repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de los docentes, ni del resto de los trabajadores, ni de la inmensa mayoría de la población neuquina .

Es por esto que la situación amerita, la movilización y solidaridad por todos los medios con los compañeros docentes y con la familia del compañero Carlos Fuentealba, pero además exigir, ante las muestras de incapacidad y autoritarismo con la que manejan la situación, la renuncia del Gobernador y el conjunto de su gabinete, con especial atención en la Ministra de Seguridad, Susana Arévalo, del Ministro de Empresas Publicas y actual Ministro interino de Educación, Alfredo Estéves, y de los Jefe y subjefe de Policía, Carlos Zalazar y Moisés Soto; y asimismo el juicio y castigo a los culpables de este crimen imperdonable.

A un joven trabajador de la educación, que reclamaba por sus derechos, acaba de arrebatársele su vida. La gravedad de los sucesos que se viven, impone considerar la exigencia que plantea su pérdida, facilitando la resolución de los conflictos en Salta y Santa Cruz, exigiendo enérgica e incondicionalmente en este último caso el retiro inmediato de la Gendarmería Nacional de todas las escuelas de la Provincia, restituyéndosele la posesión funcional de los edificios al personal docente y no docente. En consecuencia, apelamos a la responsabilidad política de quienes tienen en sus manos ponderar la intensidad del conflicto, que permitan la adopción de las medidas que conduzcan a su pronta resolución. En este sentido, y en estos tiempos donde el superávit fiscal alcanza niveles históricos, los trabajadores nos preguntamos hasta cuándo se van a acumular, en lugar de planificar y ejecutar con dichos recursos políticas de Estado que impulsen una justa y equitativa distribución de la riqueza.


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