Por Mendelevio.

Políticos hasta en la sopa. No solo porque sean omnipresentes en telediarios y prensa, sino porque se infiltran y parasitan todo lo que tocan. Les vimos copar cargos en las Cajas de Ahorro hasta que las quebraron. Cobraron buenos sueldos, dietas y jubilaciones sin tener ningún conocimiento técnico que lo justificara. No lo decimos los falangistas de <fa>, lo dijeron ellos en los juicios que siguieron a las quiebras que provocaron. Con descaro un exconsejero de Bankia declaró que no tenía conocimientos financieros o contables porque su profesión era la de "maestro de primaria". En esta concepción de los puestos en los consejos de administración como canonjías o jubilaciones de oro participaron PP, PSOE, CiU, PNV, IU… Hasta el ahora doctor en economía Pedro Sánchez hizo sus pintitos en Caja Madrid, y no por sus magros conocimientos financieros, sino por tener el carnet del PSOE.

Los conocimientos técnicos de la mayor parte de nuestros políticos no avalan los puestos que ocupan o han ocupado en las grandes compañías eléctricas, como Aznar en Endesa o Felipe González en Gas Natural. Han justificado sus contratos y sueldos por su agenda, lo que nos suena a tráfico de influencias o pago por los servicios prestados vía BOE a cargo del consumidor. El penúltimo enchufado es el caso de Juan Ávila. Exalcalde socialista de Cuenca colocado por el director de Red Eléctrica Española, el también socialista Jordi Sevilla. Se le creó un cargo, el departamento de Innovación Social, para que pueda justificar su sueldo tras dejar el puesto de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. El caso es seguir viviendo de cargos públicos o en empresas estatales. Licenciado en ciencias económicas, según la Wikipedia lleva viviendo de la política desde 1993, desde los 26 años. No le avalan conocimientos técnicos ni experiencia laboral en el sector eléctrico, sólo un carnet…

El precio de esta concepción de la política como reparto de prebendas o agencia de colocación, lo pagamos todos. De forma directa con unos abultados sueldos a cargos muchas veces innecesarios y de forma indirecta por su más que deficiente gestión.

Desde <fa> luchamos para que no salga gratis el enchufismo. Ayúdanos a denunciar estas tomaduras de pelo tan burdas.

Por Mendelevio

Penoso, doctor Sánchez. Otra reforma educativa sin consenso, impuesta por una mayoría parlamentaria efímera, exigua y en este caso precaria. LODE, LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE y ahora ésta. Qué disparate, qué despilfarro de recursos, qué poca vergüenza, someter al sistema educativo a un nuevo cambio que durará lo que dure la legislatura.

Anuncia como medida estrella “planes individualizados para los repetidores”. ¿eso es todo? Quieren solucionar los problemas educativos con más burocracia, más informes, más papelo… porque eso es lo que realmente es eso de los “planes individualizados para los repetidores”…Si realmente quieren un tratamiento individualizado para los repetidores, los alumnos con necesidades educativas especiales, los superdotados… disminuyan la ratio profesor/alumno (el número de alumnos por aula) y la carga lectiva de los docentes, para que realmente puedan dar ese tratamiento… Pero eso cuesta dinero, y más caro que hacer anuncios rimbombantes que realmente sólo suponen un nuevo papel, un informe más, más burocracia y menos trato personal, que se hace con personas no con papeles. Si repetimos tanto la palabra papel, es para dejar patente que no hay nadie más antiecológico,  que hayan hecho derrochar más árboles en papeleo, que los reformadores educativos de los últimos 35 años.

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Por Mendelevio.

La burbuja en la construcción, engordada por el crédito fácil gracias a la negligencia del Banco de España y el BCE, llevó a un modelo de crecimiento económico basado en el ladrillo. Nuestros políticos (PP y PSOE), pisotearon a Keynes con una política de gasto público pro cíclica. Es decir en tiempos de bonanza económica, expandieron el gasto público, forzaron al alza los salarios y los precios, mermaron la competitividad española y cargaron a las administraciones públicas unos gastos de mantenimiento de edificios e infraestructuras, que en época de crisis eran inasumibles. Se dio un mensaje cortoplacista a los jóvenes, que abandonaron los estudios por ganar dinero rápido, qué además no ahorraron. El capitalismo consumista no fomenta la cultura del ahorro de nuestros abuelos.

Con la crisis, las administraciones públicas están atadas y endeudadas. No pueden hacer una política keynesiana anti cíclica, de fomentar el gasto público en épocas de contracción de la demanda agregada. Es más, nuestros políticos vuelven a pisar a Keynes con una política pro cíclica a base de recortes. Los jóvenes que abandonaron los estudios durante la burbuja de la construcción, tienen que reciclarse a marchas forzadas. Y nuestros pueblos deben volver a una economía viable a largo plazo, diversificada, sostenible...

Por ello creemos necesario que la economía española (y mundial), se rehaga sobre nuevas bases. No basada en un capitalismo cortoplacista y un consumismo hueco, sino en la búsqueda del bien común y una moral que auspicie el desarrollo de las personas, sin reducirlas a meros consumidores.

Por Mendelevio.

La Unión Europea, el Gobierno de España y diversos ayuntamientos persiguen, criminalizan, penalizan y estigmatizan a los dueños y usuarios de vehículos diésel. Son asaeteados con subidas de impuestos, restricciones de circulación… una autentica campaña de acoso. Mientras las grandes compañías como Volkswagen y Opel que mintieron y trucaron sus motores para vender coches fingiendo que no contaminan están saliendo casi indemnes del escándalo. Ninguna autoridad se atreve con ellas.

Percibimos un doble rasero, como se trata al ciudadano (simple consumidor y pagano de impuestos) y a las grandes corporaciones (grandes beneficiadas de subvenciones a su producción o a la venta). A las grandes corporaciones se les protegen sus inversiones, evitando cambios normativos que generen “inseguridad jurídica”, apenas se les hacen responsables de sus errores y estafas (como en el caso de los motores diésel trucados), y se les garantizan los clientes, acosando a los propietarios de vehículos para que tengan que deshacerse de ellos y comprar nuevos.

Al ciudadano (mero consumidor y pagano de impuestos), no se le garantiza la seguridad jurídica, hace una inversión, basando su decisión en la normativa y la fiscalidad vigente, y de la noche a la mañana se puede encontrar que el marco normativo e impositivo ha cambiado, ya no sólo no puede amortizar su inversión, sino que puede que tenga que deshacerse de ella. Eso sí, antes le han cobrado impuestos (matriculación, I.V.A…) y poco después se le acosa para que cambie de vehículo.

Los Estados no han protegido a sus ciudadanos vigilando el proceso de producción de vehículos diésel, se le han cobrado impuestos por comprarlos y ahora se les acosa para que cambien de vehículos. Se les presiona para que vuelvan a dar dinero a esas mismas automovilísticas que ya estafaron a la sociedad, que vuelvan a pagar el I.V.A. y los impuestos de matriculación que ayudan a mantener a una clase política que no vela por los intereses de los ciudadanos y sí por el de las grandes empresas.

Esta cruzada para cambiar de vehículos la encabezan con argumentos ecológicos y de empleo. Los coches viejos en teoría contaminan más (si los nuevos no falsean los análisis), pero deshacerse de los vehículos viejos y fabricar nuevos también contamina. Esta economía del comprar, usar, tirar a largo plazo no es sostenible… Si fabricar vehículos nuevos genera empleos (cada vez menos por la automatización de la producción), el mantener vehículos viejos también genera empleos (talleres de barrio, fábricas y tiendas de respuestas…), pero los beneficios van a pequeñas empresas familiares que no tienen capacidad de presión en los gobiernos y parlamentos, y los consumidores pagan menos impuestos para mantener a la superestructura política parásita.

Si realmente se persiguen fines medioambientales ¿por qué la fiscalidad de los combustibles no se destina a fomentar y subvencionar el transporte público o la repoblación forestal para generar sumideros de CO2? ¿Por qué no se sanciona en condiciones a los estafadores de los motores diésel y se dedican esas cantidades en retirar los vehículos viejos? Al final como de costumbre los perjudicados son los más desfavorecidos, que no pueden permitirse el lujo de cambiar su viejo coche por uno más ecoeficiente.

 

A pesar de lo que todos sabemos, y a pesar de que el Gobierno, las autoridades y el mismo protocolo de la Casa Real han decidido que el Rey emérito no estuviese este año en la celebración del 40 aniversario de la Constitución, continuamos haciendo como que aquí no ha pasado nada, como que nadie ha tomado esa decisión, como que ha sido un despiste de protocolo, a mayor gloria de la estupidez humana de los españoles y de los de coche oficial, también.

Tras conocerse, con el consabido estupor, el “enfado” del rey campechano, los telediarios, con sus presentadores de gesto visiblemente afectado, lanzaban, todos a una, el lema de los siguientes días -no muchos, que esto no interesa-: el Rey emérito ha sido el motor del cambio, qué duda cabe. Aún cuando los hechos, que son tozudos, nos revelan que el único cambio del que Juan Carlos de Borbón ha sido partícipe es el de adaptarse a los dirigentes que han ido haciéndose cargo de los sucesivos Gobiernos de España, fueran estos dictadores o demócratas.

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