Por Mendelevio

Penoso, doctor Sánchez. Otra reforma educativa sin consenso, impuesta por una mayoría parlamentaria efímera, exigua y en este caso precaria. LODE, LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE y ahora ésta. Qué disparate, qué despilfarro de recursos, qué poca vergüenza, someter al sistema educativo a un nuevo cambio que durará lo que dure la legislatura.

Anuncia como medida estrella “planes individualizados para los repetidores”. ¿eso es todo? Quieren solucionar los problemas educativos con más burocracia, más informes, más papelo… porque eso es lo que realmente es eso de los “planes individualizados para los repetidores”…Si realmente quieren un tratamiento individualizado para los repetidores, los alumnos con necesidades educativas especiales, los superdotados… disminuyan la ratio profesor/alumno (el número de alumnos por aula) y la carga lectiva de los docentes, para que realmente puedan dar ese tratamiento… Pero eso cuesta dinero, y más caro que hacer anuncios rimbombantes que realmente sólo suponen un nuevo papel, un informe más, más burocracia y menos trato personal, que se hace con personas no con papeles. Si repetimos tanto la palabra papel, es para dejar patente que no hay nadie más antiecológico,  que hayan hecho derrochar más árboles en papeleo, que los reformadores educativos de los últimos 35 años.

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Por Mendelevio.

La Unión Europea, el Gobierno de España y diversos ayuntamientos persiguen, criminalizan, penalizan y estigmatizan a los dueños y usuarios de vehículos diésel. Son asaeteados con subidas de impuestos, restricciones de circulación… una autentica campaña de acoso. Mientras las grandes compañías como Volkswagen y Opel que mintieron y trucaron sus motores para vender coches fingiendo que no contaminan están saliendo casi indemnes del escándalo. Ninguna autoridad se atreve con ellas.

Percibimos un doble rasero, como se trata al ciudadano (simple consumidor y pagano de impuestos) y a las grandes corporaciones (grandes beneficiadas de subvenciones a su producción o a la venta). A las grandes corporaciones se les protegen sus inversiones, evitando cambios normativos que generen “inseguridad jurídica”, apenas se les hacen responsables de sus errores y estafas (como en el caso de los motores diésel trucados), y se les garantizan los clientes, acosando a los propietarios de vehículos para que tengan que deshacerse de ellos y comprar nuevos.

Al ciudadano (mero consumidor y pagano de impuestos), no se le garantiza la seguridad jurídica, hace una inversión, basando su decisión en la normativa y la fiscalidad vigente, y de la noche a la mañana se puede encontrar que el marco normativo e impositivo ha cambiado, ya no sólo no puede amortizar su inversión, sino que puede que tenga que deshacerse de ella. Eso sí, antes le han cobrado impuestos (matriculación, I.V.A…) y poco después se le acosa para que cambie de vehículo.

Los Estados no han protegido a sus ciudadanos vigilando el proceso de producción de vehículos diésel, se le han cobrado impuestos por comprarlos y ahora se les acosa para que cambien de vehículos. Se les presiona para que vuelvan a dar dinero a esas mismas automovilísticas que ya estafaron a la sociedad, que vuelvan a pagar el I.V.A. y los impuestos de matriculación que ayudan a mantener a una clase política que no vela por los intereses de los ciudadanos y sí por el de las grandes empresas.

Esta cruzada para cambiar de vehículos la encabezan con argumentos ecológicos y de empleo. Los coches viejos en teoría contaminan más (si los nuevos no falsean los análisis), pero deshacerse de los vehículos viejos y fabricar nuevos también contamina. Esta economía del comprar, usar, tirar a largo plazo no es sostenible… Si fabricar vehículos nuevos genera empleos (cada vez menos por la automatización de la producción), el mantener vehículos viejos también genera empleos (talleres de barrio, fábricas y tiendas de respuestas…), pero los beneficios van a pequeñas empresas familiares que no tienen capacidad de presión en los gobiernos y parlamentos, y los consumidores pagan menos impuestos para mantener a la superestructura política parásita.

Si realmente se persiguen fines medioambientales ¿por qué la fiscalidad de los combustibles no se destina a fomentar y subvencionar el transporte público o la repoblación forestal para generar sumideros de CO2? ¿Por qué no se sanciona en condiciones a los estafadores de los motores diésel y se dedican esas cantidades en retirar los vehículos viejos? Al final como de costumbre los perjudicados son los más desfavorecidos, que no pueden permitirse el lujo de cambiar su viejo coche por uno más ecoeficiente.

 

A pesar de lo que todos sabemos, y a pesar de que el Gobierno, las autoridades y el mismo protocolo de la Casa Real han decidido que el Rey emérito no estuviese este año en la celebración del 40 aniversario de la Constitución, continuamos haciendo como que aquí no ha pasado nada, como que nadie ha tomado esa decisión, como que ha sido un despiste de protocolo, a mayor gloria de la estupidez humana de los españoles y de los de coche oficial, también.

Tras conocerse, con el consabido estupor, el “enfado” del rey campechano, los telediarios, con sus presentadores de gesto visiblemente afectado, lanzaban, todos a una, el lema de los siguientes días -no muchos, que esto no interesa-: el Rey emérito ha sido el motor del cambio, qué duda cabe. Aún cuando los hechos, que son tozudos, nos revelan que el único cambio del que Juan Carlos de Borbón ha sido partícipe es el de adaptarse a los dirigentes que han ido haciéndose cargo de los sucesivos Gobiernos de España, fueran estos dictadores o demócratas.

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Por Mendelevio.

La burbuja en la construcción, engordada por el crédito fácil gracias a la negligencia del Banco de España y el BCE, llevó a un modelo de crecimiento económico basado en el ladrillo. Nuestros políticos (PP y PSOE), pisotearon a Keynes con una política de gasto público pro cíclica. Es decir en tiempos de bonanza económica, expandieron el gasto público, forzaron al alza los salarios y los precios, mermaron la competitividad española y cargaron a las administraciones públicas unos gastos de mantenimiento de edificios e infraestructuras, que en época de crisis eran inasumibles. Se dio un mensaje cortoplacista a los jóvenes, que abandonaron los estudios por ganar dinero rápido, qué además no ahorraron. El capitalismo consumista no fomenta la cultura del ahorro de nuestros abuelos.

Con la crisis, las administraciones públicas están atadas y endeudadas. No pueden hacer una política keynesiana anti cíclica, de fomentar el gasto público en épocas de contracción de la demanda agregada. Es más, nuestros políticos vuelven a pisar a Keynes con una política pro cíclica a base de recortes. Los jóvenes que abandonaron los estudios durante la burbuja de la construcción, tienen que reciclarse a marchas forzadas. Y nuestros pueblos deben volver a una economía viable a largo plazo, diversificada, sostenible...

Por ello creemos necesario que la economía española (y mundial), se rehaga sobre nuevas bases. No basada en un capitalismo cortoplacista y un consumismo hueco, sino en la búsqueda del bien común y una moral que auspicie el desarrollo de las personas, sin reducirlas a meros consumidores.

Por Mendelevio.

Llevamos años denunciando las políticas  privatizadoras de Mariano Rajoy como de traición. Políticas que son una continuación de las del Zapatero, que eran continuación de las de Aznar… El piso piloto de la privatización de los servicios público (sanidad y educación) fue la Comunidad de Madrid. Ahora descubrimos que no era por eficiencia, era un expolio y rapiña. Sus promotores (Granados, Ignacio González…), procesados y en prisión.

La privatización del 49% de AENA es una traición a todos los españoles y a los nietos de nuestros nietos. Para salvar unas cuentas públicas, se hizo caja enajenando el 49% de un monopolio natural (ingresos fijos a perpetuidad) a la vez que se ponía una actividad estratégica para la economía nacional en manos de  inversores privados. Según publica AENA , la empresa tuvo 1.164 millones de € de beneficio neto en 2016. El beneficio neto consolidado se incrementa un 39,7% respecto a 2015 como consecuencia de la positiva evolución del negocio y del resultado financiero.[1] El Estado ha perdido el 49% de estos ingresos a perpetuidad. Para compensar la pérdida más IVA y recortes sociales.

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