El anuncio en  los medios de comunicación de los sindicatos CC.OO, UGT y USO, de una convocatoria de huelga de 22 días de duración, por parte del personal de AENA, que incluye fechas tan importantes como, Semana Santa y vacaciones de verano, pone en cuestión, se lleve cabo o no, su legitimidad, tanto en su oportunidad temporal como en su aspecto moral.

 

De manera formal, el derecho a la huelga es un principio reconocido por nuestro marco jurídico y constitucional  para los trabajadores que, teóricamente, hacen uso de ella como recurso de negociación frente a la empresa en defensa de sus derechos. Nada que objetar al respecto, sin embargo una huelga de este tipo, la del personal de AENA, cuya titularidad  corresponde al  estado, plantea cuestiones que van más allá de lo que es estrictamente legal.

 

El derecho a la huelga de estos trabajadores públicos, se ve en entredicho, al menos moralmente, cuando su ejercicio afecta al derecho de miles de ciudadanos, y no nos estamos refiriendo únicamente a aquellos afortunados que en una coyuntura económica como la que vivimos pueden viajar de un lugar a otro, sino además, a los españoles que trabajan en el sector turístico, y todos esos otros que pensaban encontrar trabajo en él,  aunque sea de manera temporal, y que sin duda verán afectadas negativamente sus esperanzas y perspectivas si finalmente se lleva a efecto la medida.

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No es válido de ninguna manera, el que se alegue por parte de los sindicatos que, la convocatoria se efectúa con plazo de tiempo más que suficiente para poder buscar una salida negociada, y desconvocar la huelga. En un sector como el turístico, es bien conocido que un porcentaje altísimo de reservas en hoteles, paquetes de viajes etc. se efectúan con mucha antelación, y por lo tanto la amenaza para el viajero, de no poder llegar a su punto de destino  en el plazo previsto, provoca la cancelación masiva y la búsqueda de otros destinos más seguros.

Son 10.500 trabajadores de los cuarenta y siete aeropuertos españoles los que van a perjudicar a decenas de miles de otros trabajadores de manera directa, y defraudar las esperanzas de millones más por encontrar un puesto de trabajo, eso sin mencionar a todos esos otros compatriotas que verán limitada la libertad de  desplazarse donde lo deseen. La balanza de la justicia está claramente desnivelada, y dado que estas situaciones vienen repitiéndose  de manera recurrente, el Estado debería  plantearse ya, una reforma o nueva ley sobre el  derecho de huelga, que evite estas situaciones injustas, buscando la defensa de los derechos de los trabajadores sí, pero estableciendo normas reguladoras y excepcionalidades que, eviten abusos y perjuicios para los ciudadanos, y sectores estratégicos para la economía del país, cuyos derechos generales deben prevalecer por el bien de toda la ciudadanía.

Dicho esto es innegable que la huelga es, en su mayor parte, el resultado de la pésima gestión del gobierno actual, con la contribución correspondiente de otros gobiernos anteriores, que ha llevado a una grave situación económica a una empresa pública como AENA, dilapidando enormes cantidades de dinero lo cual ha  obligado a poner en venta una 49%  de la sociedad pública a manos de la empresa privada. AENA al parecer, tiene una deuda por valor de 12.744 millones de euros, con vencimientos que llegan hasta el año 2034. Con su venta el Estado espera obtener -si es que encuentra comprador- unos 8000 millones de euros que ayudarían a reducir este déficit, pero aún así la sociedad tendrá que estar pagando intereses por mucho tiempo.

Este escenario motivado por la mala gestión de la sociedad pública, y la enorme inversión en infraestructuras de carácter faraónico junto con otras de dudosa rentabilidad, ha propiciado la venta como una salida para reducir la deuda pública y con ello la reacción calculadamente  preventiva, podríamos definirla así, de los sindicatos que aún antes de que se haya planteado ninguna cuestión más concreta, que pueda afectar a los derechos establecidos de los trabajadores, pretenden  hacer una demostración de fuerza alejada curiosamente, del comportamiento que ha sido habitual en ellos en estos últimos años, y donde no han sabido defender con tanto celo, a otros sectores laborales que han sido dejados a su suerte de manera vergonzosa.

Derechos contra derechos, abusos contra la mayoría. En última instancia los ciudadanos de este país nuevamente terminarán pagando las consecuencias de este desaguisado provocado por el gobierno y la reacción sindical. Al menos esperemos que esta vez, si finalmente la huelga no es desconvocada y el caos invade nuestros aeropuertos, al  político de turno, no se le ocurra movilizar al ejército para hacerse la foto como salvador de una patria que, él y los de su casta, se han encargado de hundir un poco más en la miseria y la desazón.

Tulio


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