El deplorable comportamiento de la Fiscalía en el juicio contra Arnaldo Otegi es aún más grave que la decisión adoptada con De Juana, que hace algunas semanas provocaba la incomprensión e irritación ciudadana. El trato de favor a este terrorista aplicaba un beneficio penitenciario permitido por la Ley, aunque políticamente muy discutible por las circunstancias del caso y por adoptarse en el marco de un chantaje público. Pero ahora se trata, simple y llanamente, de saltarse la Ley a la torera y dejar de perseguir un delito, para favorecer al portavoz proetarra. Y, por si fuera poco, con la escenificación, al alimón por parte de Otegi y del Fiscal, de una auténtica burla a la Justicia y a los ciudadanos.

 

Recordemos que Arnaldo Otegi participó activamente en un homenaje público a la terrorista Olaia Kastresana, que había muerto al manipular una bomba con la que pretendía asesinar a personas en la localidad alicantina de Torrevieja. El acto estuvo presidido por una pancarta con el texto: "Del mismo tronco que tú surgiste, nacerán otros. La lucha es el camino. En el acto se sucedieron gritos a favor de ETA, sin que, por descontado, nadie los acallara, sino que fueron aplaudidos y jaleados por todos los intervinientes. Tras portar el féretro de la citada delincuente, Otegi se refirió a ella diciendo que "se nos ha ido, como tantos gudaris de ETA, con la dignidad silenciosa y aludió a que "ya es la generación nacida en el Estatuto la que se adhiere a la lucha armada para expresar su compromiso político, para finalmente pedir "nuestro aplauso más caluroso a todos los gudaris que han caído en esa larga lucha por la autodeterminación.

Es decir, el dirigente filoetarra calificó como gudaris (soldados vascos) a los asesinos de ETA, como lucha armada al terrorismo sanguinario, que además consideró la expresión de un compromiso político, y pidió un aplauso para los asesinos, al tiempo que alababa la pretendida "dignidad de la terrorista. Es evidente, no sólo desde la legalidad, sino desde el sentido común, que ese comportamiento incurre de lleno en el supuesto previsto en el artículo del artículo 578 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a dos años el enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución.

 

Así lo consideró inicialmente la Fiscalía, que instó la actuación judicial y, tras las Diligencias Previas en las que se examinaron las pruebas existentes, solicitó la apertura de juicio oral.

 

Cuando se acercaba la fecha del juicio, el Fiscal Fernando Burgos –supuesto defensor del interés público, pagado por el Estado, y no abogado defensor de Otegi, que tiene su propia defensa letrada- pidió insistentemente el aplazamiento con un motivo inconsistente, pretensión rechazada contundentemente por el tribunal.

 

Todo huele a una previa concertación entre el Fiscal y el procesado, en la que el Fiscal parecía ser sabedor de que el encausado no iba a comparecer, puesto que se presentó tarde y sin toga, dando por supuesto que el juicio no tendría lugar. Otegi, que luego se comprobó que estaba en su domicilio donostiarra, hizo llegar al tribunal a través de su abogada el mensaje de que estaba bloqueado por la nieve y el tráfico en la carretera y no había podido llegar a Madrid. La Audiencia Nacional, tras comprobar que la excusa era incierta, ordenó su inmediata detención y traslado para que estuviera en Madrid a las 18 horas.

 

A pesar de que, desde que en la mañana se dictó la orden de detención hasta la hora fijada para el juicio, el traslado pudo hacerse perfectamente en un furgón policial, como se haría con cualquier otro detenido, el Gobierno optó por poner a disposición del privilegiado Otegi un avión para trasladarle a esta farsa, un viaje cuyo coste ha sido estimado por los medios en más de 450.000 euros, que, según ha denunciado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, es más del doble de la subvención que recibe este colectivo en todo un año.

 

La idea de que probablemente había una previa concertación entre el encausado –o sus allegados- y la Fiscalía -o sus superiores orgánicos- vuelve a hacerse presente en un interrogatorio complaciente, donde la Fiscalía propició que Otegi obsequiara al Tribunal con un mitin sobre sus planteamientos políticos y se autoexculpara. Preguntas del tipo de "¿qué pretendía con ese discurso?, "¿usted quiso decir que el Estatuto no sirve? "efectivamente, usted es un hombre público que ha explicado que su ideología pasa por la creación de Euskal Herria. ¿Es ése su pensamiento?, y otras similares causan auténtica vergüenza ajena, proviniendo de un funcionario cuya misión es defender los intereses públicos y que está interrogando a quien era portavoz de una formación ilegalizada por formar parte del entramado criminal que más víctimas ha causado en España, de un individuo que se ha referido a los terroristas como soldados que mueren con dignidad y que expresan un compromiso político, reclamando un público aplauso para ellos. Otegi mintió con aplomo diciendo que simplemente había lamentado la muerte de una persona de 22 años, sin alabar su militancia, afirmando que desconocía que era de ETA, que no se fijó en los símbolos de la banda terrorista que iban sobre el féretro que él mismo portó... Algo absolutamente inconsistente a la vista de la grabación que se exhibió en el propio acto del juicio, una auténtica tomadura de pelo.

 

Finalmente, a pesar de esas pruebas objetivas, el Ministerio Fiscal retiró la acusación diciendo que Otegi no ensalzó el terrorismo etarra sino que simplemente hizo "un análisis a su modo de la realidad social y que no es delito, sino una mera opinión.

 

La resolución del tribunal asegura que, a pesar de existir elementos objetivos para dar por probado el hecho delictivo e imponer una condena, al no formularse acusación por el ministerio público, no tenía otra opción legal que dictar sentencia absolutoria.

 

El resultado: la Audiencia Nacional se ha comportado con dignidad y ha intentado cumplir su función, el Fiscal ha elevado la indignidad hasta extremos inaceptables, el Gobierno si no ha intervenido activamente –lo cual es cuando menos verosímil- al menos ha mirado hacia otro lado, y los proetarras cada vez están más crecidos ante esta pleitesía que se les rinde desde el Estado. Al día siguiente, Pernando Barrena daba una vuelta de tuerca más y exigía públicamente al Gobierno que cumpliera "lo firmado.

 

Desde Falange Auténtica creemos que éste es uno de los episodios más vergonzosos de la ya larga cadena de despropósitos que hemos vivido en la lucha contra el terrorismo en España. Consideramos que, si el fiscal de la Audiencia Nacional, al hacer dejación de su deber, ha actuado en virtud de su propio criterio, debe ser inmediatamente expedientado por sus superiores, por dejar de perseguir un delito y por someter a la Justicia y a los ciudadanos al escarnio de presenciar el remedo de interrogatorio con que Otegi y él nos obsequiaron. Si, por el contrario, Burgos actuó bajo instrucciones del Fiscal General del Estado, ¿a qué espera el Gobierno para destituir de manera fulminante a Conde Pumpido? Pero si, como muchos españoles, nos tememos, el Gobierno comparte este proceder, es evidente que estamos gobernados por personas indignas que están haciendo un enorme daño a la credibilidad de las instituciones y a la larga lucha contra el terrorismo. Qué diferencia entre la imagen de una Fiscal como Carmen Tagle, plantando cara valientemente a ETA y convirtiéndose finalmente en su víctima, y el indigno espectáculo de un Fernando Burgos genuflexo ante el portavoz de los asesinos y dándole pie a disculpar sus bravuconadas. Una nueva concesión a los terroristas y una nueva ofensa a las víctimas y a todos los españoles.


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