Muchos se han rasgado las vestiduras porque se haya descubierto que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, está afiliado al Partido Popular, incumpliendo la norma de que jueces y magistrados no pueden estarlo a ningún partido político o sindicato.
El hecho de que Pérez de los Cobos haya incumplido una norma, él que preside una institución cuya misión es que las leyes se cumplan, ha de ser motivo suficiente para exigirle su dimisión. Pero el problema no es sólo ese, el quid de la cuestión es que el llamado tribunal constitucional se ha erigido en campo de batalla donde la clase política dirime sus diferencias en un juego de mayorías similar al ejercicio parlamentario, por lo que dicho tribunal, que tiene entre sus competencias velar por la constitucionalidad de las leyes o defender los derechos y libertades públicas, se ha convertido en una tercera cámara que condiciona, en función de la mayoría ideológica de sus integrantes que son puestos por los partidos, la vida política de la Nación.
