Nuestros políticos tienen una capacidad innata para desviar la atención pública de algunos problemas y ya de paso meter al país en otros problemas nuevos.

La reforma constitucional para poner un límite al déficit, puede parecer a primera vista una gran idea. Es cierto que cualquier economía tiene que estar bien equilibrada, ingresos y gastos descompensados a favor de mayores gastos que ingresos son la antesala del colapso.

Pero también es  cierto hay partidas en todo presupuesto que son de gasto y otras partidas que son inversiones. Los gastos puros se realizan y ya está consumido el recurso, las inversiones son gastos cuyos beneficios se alargan en el tiempo y producen efectos a medio y largo plazo. Así, cuando un servicio público de salud encarga a una clínica privada una prueba determinada, el coste de esa prueba es un gasto, se paga y ya se consumió el recurso y nada queda. Si ese mismo servicio de salud compra una máquina para hacer en sus dependencias esa misma prueba, de lo que hablamos es de una inversión. En algunas ocasiones algo parece ser un gasto, pero en realidad es una inversión. Eso suele ocurrir con los gastos sociales. No solo sirven en el corto plazo, sino que facilitan la mejoría de las economías que los realizan en el medio y largo plazo.

Es decir, si entramos en detalle en los gastos que realiza el Estado, veremos que algunos que parecen gastos son en realidad inversiones y que tal vez debieran considerarse separadamente al hablar de déficit. Todo el gasto que se produce para evitar que los ciudadanos se vean expulsados del sistema económico por desahucio, pobreza o simplemente por ver su situación económica deteriorada hasta el extremo de no poder seguir haciendo una vida normal de consumo normal y de necesidades básicas bien cubiertas, debiera entrar en el capítulo de inversión. Puesto que realmente lo es. Es el futuro de toda la nación lo que nos jugamos en esas partidas de gasto. Permitir que la clase media vea tan deteriorada su situación, como está ocurriendo ahora, nos llevará inexorablemente al subdesarrollo. Y volver al pasado no es como salir de él. Es mucho más difícil y traumático, no lo olvidemos.

Estas son las cuestiones que no se mencionan en el debate político sobre el límite constitucional del endeudamiento de las administraciones. Una discusión que como sabemos deriva a cuestiones que no tienen nada que ver con lo que ahora nos haría verdadera falta discutir, que es, sobre todo, como reflotar la economía al tiempo que evitamos un mayor  descalabro social.

En estos tiempos no sobran todos los gastos. Porque de hecho no sobran todos aquellos que estarían incluidos en la anterior definición de inversión que hemos dado. Y que corresponden con el gasto social y que podrán incluir también los que tienen que ver con la educación y los servicios mínimos que necesita la sociedad tales como sanidad o farmacia.

Otros gastos, sin embargo están totalmente de más siempre, aunque ahora, por causa del déficit público, son especialmente dañinos. Hay que reducir o eliminar o reconducir  los gastos siguientes:

  • Sueldos de asesores de los políticos que no se sabe bien que hacen. Eliminación efectiva de dichas figuras a favor de los miembros de la función pública que han sido preparados y han superado las pruebas precisas para realizar esas funciones.
  • Coste de la duplicación e incluso triplicación de administraciones para mayor gloria de los políticos de todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, autonomías y administración central, conforman una red de captación de fondos públicos, no solo para el cumplimiento de sus objetivos legítimos, sino también en gran medida para mantener su mera existencia más allá de lo que es utilidad pública.
  • Subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Todas estas entidades son entidades particulares que deben financiarse por medios propios y no a costa de los contribuyentes. Otras entidades, tales como asociaciones profesionales, verdaderos sindicatos no sectarios u organizaciones empresariales reguladoras de los diferentes sectores económicos, con atribuciones y con relevancia, podrían ser subvencionadas desde estrictos criterios de racionalidad y eficiencia, siempre que formaran parte de la administración del estado y sus dirigentes llegaran a serlo tras un proceso democrático de elección
  • Gastos que se producen para procurar una vida de lujo y ostentación a los miembros del poder político profesionalizado. Igualmente, estos gastos inútiles, se dan en todas las administraciones, cuyos dirigentes y representantes políticos disfrutan de lujos y prebendas muy alejadas de lo que es normal en el resto de ciudadanos.

Además de reorganizar o hacer desaparecer esas partidas de gasto, la inversión ha de ser estudiada con criterios claros de reforzamiento de nuestra sociedad. Sin consumidores no hay economía y sin vida digna para todos, no vale la pena, ni que haya consumidores, ni que haya economía. Afianzar la creación de empleo aún a costa de incrementar el déficit, es probablemente la única manera de llegar a acabar con el déficit. Tan clara ecuación es la que debiera presidir toda la actividad de nuestros políticos. Sociedad justa y viviendo dignamente = economía fuerte.

No podemos estar de acuerdo con que se limite el déficit por ley, cuando lo que se deben limitar son determinados gastos. Limitarlos o mejor  hacerlos desaparecer. Y no debemos dejarnos engañar. Es fácil y tentador reducir el déficit y seguir gastando en políticos, asesores y cortes autonómicas faraónicas, haciendo que el esfuerzo lo realicen, como habitualmente, los más pobres y toda la clase media española. Y eso debemos evitarlo a toda costa.

Hay cosas más importantes qué hacer. Apoyar a las familias, a los creadores de riqueza que lejos de especular son víctimas de la especulación, a empresarios e iniciativas económicas sociales totalmente abandonadas y sin una financiación que es imprescindible para operar en la economía global. Meter en cintura a la banca privada que sigue haciendo su agosto todos los meses del año y a las tramas interesadas de especuladores que se están enriqueciendo salvajemente  apoyándose en las maquiavélicas predicciones de organismos internacionales y agencias de clasificación, que en lugar de contribuir a solucionar problemas, sirven para hacer ricos a unos cuantos y hundir en la miseria a países enteros.

Claro que hay cosas más urgentes y más necesarias que limitar el déficit sin especificar cómo se va a conseguir semejante milagro. Lástima que solo para esas cuestiones sepan ponerse de acuerdo PSOE y PP.

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