Los objetivos finales se mantienen en el tiempo, las estrategias pueden y deben cambiar de acuerdo a las circunstancias. Y en algunas ocasiones, las medidas concretas que nos parecían adecuadas en el pasado deben también ser superadas y deberemos poner la mira en logros más ambiciosos o simplemente, diferentes.
Siendo el objetivo final irrenunciable la Justicia Social, me viene a la cabeza que los pactos por una jornada laboral de 37.5 horas semanales que Sumar y PSOE han querido destacar estos días pasados, son un tema para el debate político.
El horizonte al que los falangistas aspiramos es un Estado donde parte de la actividad económica sea directamente responsabilidad de los trabajadores organizados sindicalmente, y donde el crédito fluya para las empresas de economía social. Estamos aún lejos y aunque no es imposible llegar a un escenario con nuestro modelo en funcionamiento, no cabe inhibirse de la realidad actual, ni del marco socioeconómico en que España y los españoles desarrollan su día a día.
Vivimos en un tiempo en el que la productividad manda y sin una elevada productividad será difícil que nuestra economía destaque y pueda cumplir con los objetivos, tanto nacionales como individuales de las personas implicadas. Es posible que la productividad deba ser el objetivo a corto y medio plazo que debamos perseguir en este caso, dado que hoy por hoy si no se crea empleo y si éste no es de calidad, nuestra sociedad seguirá sumida en la desesperación que implica un mercado laboral inflexible, que no satisface ni a las empresas ni a los trabajadores.
Reducir el máximo de horas trabajadas por semana a 37.5 es dudoso que pueda aumentar la productividad. Sobre todo si no viene acompañado de mejores condiciones para las empresas, ya sea en materia de cotizaciones, de simplificación burocrática o de menor carga tributaria. Sin todo esto, reducir por decreto la jornada sólo provocará mayor cantidad de contratos falsos donde jornada real y pactada nada tendrán que ver, más economía sumergida y mayor desempleo a la postre. Y el trabajador con el nivel disparado de desempleo, nada podrá hacer.
Hoy por hoy, lo que realmente es deseable para los trabajadores por cuenta ajena es poder tener de su lado la movilidad laboral que el altísimo nivel de desempleo les ha hurtado. Un mercado inflexible en realidad perjudica a empresas y trabajadores a partes iguales, pero los trabajadores desgraciadamente ante el paro, no tienen más alternativa que emigrar, que por otra parte es también la alternativa de las empresas ante la falta de beneficios. Ambos movimientos migratorios son en extremo perjudiciales para nuestro proyecto nacional. Ni que decir tiene que sin trabajo de calidad ni empresas productivas, malamente podremos conseguir justicia social alguna.
Con la vista puesta en nuestro objetivo de llegar a una situación de mayor justicia social, entendemos que deben darse dos condiciones imprescindibles:
- Que se alcance algo muy semejante al pleno empleo.
- Que los trabajadores tengan la posibilidad de vender caro su trabajo.
Estas dos metas son algo que no es descabellado conseguir si la economía española mejora en productividad y, por qué no decirlo, en beneficios. Si la economía funciona, los trabajadores son cada vez más valorados y sus sueldos suben invariablemente porque cada vez disponen de más ofertas de trabajo, y esta realidad no debiera ser considerada un milagro sino algo relativamente fácil de conseguir cuando la actividad económica se desarrolla sin grandes impedimentos.
Limitar jornadas no ayudará y al final, siendo que el empresario puede llevarse la actividad a otra parte, es muy probable que así ocurra.
Apoyemos políticas sociales con posibilidades verdaderas. Cuanto más dinero se invierta en los chiringuitos de encendida palabrería populista y en todo tipo de entramados e instituciones políticas innecesarias, más fondos habrá que estrujar a los contribuyentes y menos atractivo será desarrollar actividad económica alguna en nuestro país.
Apoyemos a los autónomos rebajando cotizaciones cuando no tienen beneficios. Reduzcamos los impuestos a las actividades que generan riqueza si esta viene acompañada de buen empleo, y a cambio carguémonos a la mitad de los diputados autonómicos de cada comunidad (que por alguna parte hay que empezar…)
El dinero público que se da a los sindicatos de clase y las organizaciones empresariales, todo a la investigación. La financiación de los partidos políticos, toda a la creación de crédito social para iniciativas económicas eficientes y colectivas.
En lugar de empujar a nuestros actores económicos hacia la economía sumergida, hagamos fácil cumplir las obligaciones fiscales y sociales, y vigilemos que no se escape nadie para que todos paguemos menos.
A ver si lo de las 37.5 horas no va a ser otra vez un reclamo populista inútil sólo para conseguir algunos votos desesperados.
Marcial