Miguel Ángel Loma
El grave desafío que mantiene el gobierno nacionalista vasco ante la ilegalización de Batasuna (que no ha suscitado alarma epistolar en los obispos vascos), y la nueva ofensiva criminal de los etarras, confirman que en la batalla definitiva contra los asesinos y quienes les amparan, no podremos contar con la colaboración de los chicos de Ibarreche, que con su actitud caminan consciente y paulatinamente hacia el borde del precipicio. Catedráticos en la sutil dialéctica de la ambigüedad, la derecha nacionalista vasca va agotando su magisterio a golpe de piroctecnias jurídicas, situándose en una incómoda posición que comienza a preocupar también a sus colegas separatistas del resto de España.
De persistir el gobierno de Ibarreche en su reto, y por mucho que se lo piensen Aznar y Zapatero, no quedará otra solución que acudir a las medidas extraordinarias del artículo 155 de la Constitución, precepto que causa demasiado respeto a nuestros legisladores, incapaces de despertarlo y ponerlo en práctica. Pero aquí caben ya pocos sueños y pocas esperas: o afrontamos el secuestro del país vasco con todas sus consecuencias y sin complejos, o corremos el riesgo de generar una situación aún peor, si cabe, de la que padecíamos.
Hemos necesitado veinticinco años para que el Tito Sam nos permitiera acometer la ilegalización de la cobertura política de los asesinos y contar con el auxilio internacional. Veinticinco años y alguna cosa más... Veinticinco años y que los muertos no fueran sólo militares, guardias civiles y policías, sino que también cayeran políticos, intelectuales y periodistas, que sólo cuando se han visto amenazados han cambiado su discurso. Y hemos necesitado, sobre todo, que quien maneja los hilos del poder mundial sintiera el zarpazo terrorista en su propio corazón. ¿Quién iba a pensar que la caída de las Torres Gemelas arrastraría tras de sí a ETA?
En la actual situación, las direcciones de PP y PSOE no pueden ser tan ingenuas como para confiar en que las urnas desbanquen al entramado separatista instalado en el país vasco y que domina casi todos los resortes del poder. No se puede dejar al albur electoral la resolución del problema porque hay más de 200.000 vascos que han tenido que abandonar su tierra, y porque no caben elecciones libres donde no existe libertad para elegir ni para ser candidato. Ante una situación excepcional sólo caben medidas excepcionales, comenzando por aquellas que afectan al origen del cáncer separatista y que necesariamente conducen al cierre de aquellas ikastolas que ofrecen un máster infantil en adoctrinamiento del odio, cuyos alumnos pasan directamente del kole borriko a la kale borroka.
Recogía un ex ministro español en su libro de Memorias, el comentario que le hizo un canciller europeo: "Para cortar la cola a un gato se hace de un golpe, no a rodajas, porque no se dejaría". Aunque aquí no se trate de colas de minino sino de cabezas de serpiente, el consejo es bueno, pero carece de eficacia si el bisturí lo dejamos en manos de quien se niega a utilizarlo.