La fruta, las verduras y muchos alimentos frescos se están convirtiendo en productos de lujo en nuestro país y ya no están al alcance de todos los españoles. Nosotros nos seguimos preguntando lo mismo… de esos precios desorbitados que pagan los consumidores, ¿cuánto llega al agricultor, al ganadero y al pescador?
La Ley de la cadena alimentaria, aprobada por el Gobierno como remedio para resolver eso, está demostrando que no sirve porque ni defiende los intereses de los productores cuando los precios son bajos, ni se protege a los consumidores cuando se aplican márgenes abusivos por las cadenas de distribución. Es en ese tema donde la ley debería incidir: poner límite a los márgenes comerciales excesivos, pero o no saben o no les interesa.
Tratándose de alimentos básicos y de primera necesidad, esto debería estar regulado. Y no creemos que la solución sea fijar precios máximos, pero si se establecieran topes a los márgenes comerciales al menos uno de los extremos de la cadena (o ambos) saldría beneficiado. Lo que no hay derecho es que, como pasa ahora, casi siempre gane sólo el intermediario y, además, de forma abusiva sobre la necesidad del consumidor y el esfuerzo del productor.
Por supuesto que no negamos que los vendedores tengan derecho a obtener un beneficio y que éste sea digno. Pero se deberían pactar unos márgenes adecuados porque no es de recibo que los estemos sufriendo astronómicos, de hasta el 300-400% en productos de primera necesidad y si a eso añadimos el aumento desproporcionado de los precios de la electricidad, el transporte, las materias primas y el combustible, comer saludable en España se va a convertir en un lujo al alcance de cada vez menos gente.
En este problema, como en tantos otros, el “Escudo social” del que alardea el Gobierno y cuya misión es proteger a los más débiles, se ha convertido en un nuevo fiasco y son los sectores más desfavorecidos de nuestra población quienes lo están pagando.
Junta Política Nacional de Falange Auténtica