El municipio debería ser el primer baluarte en la defensa de los derechos sociales de sus vecinos. En la actualidad, sin embargo, muchos ayuntamientos han abandonado este rol esencial, transformándose en entidades más próximas a una gestión empresarial que a una administración al servicio de las personas.
Frente a este modelo, urge reivindicar el papel del gobierno local como “ángel guardián” de los derechos sociales, un objetivo irrenunciable para cualquier proyecto político transformador. Esto implica oponerse al conservadurismo institucional que ha convertido a los ayuntamientos en la primera empresa de los pueblos, fomentando un neocaciquismo moderno basado en el control político y la dependencia ciudadana.
En este contexto, el ciudadano pasa a ser tratado como un vasallo, sometido a una relación de sumisión —a veces inconsciente—, regida por la premisa de “no morder la mano que te da de comer”. Esta dinámica genera autocensura y silencia la disidencia, mientras el partido en el poder despliega mecanismos de control sobre los espacios públicos, muchas veces con el fin último de garantizar su estabilidad electoral.
Así, la gestión municipal se aleja progresivamente del bien común para priorizar intereses partidistas: la perpetuación en el cargo, el reparto de puestos de trabajo afines y el uso de recursos públicos con fines electoralistas. Según datos del Tribunal de Cuentas, los ayuntamientos españoles gestionan anualmente decenas de miles de millones de euros, una parte de los cuales se destina a proyectos prescindibles o superfluos, mientras se descuidan servicios básicos.
Mientras tanto, la realidad social se degrada:
- La asistencia sanitaria sufre recortes y listas de espera prolongadas.
- La ley de dependencia se aplica con retrasos y con plantillas mal remuneradas.
- Las pensiones son de subsistencia, especialmente en el medio rural.
- El despoblamiento avanza por la baja natalidad y la fuga de jóvenes.
- La educación superior es inaccesible para muchas familias: un máster puede costar más que el salario anual medio en muchos pueblos.
Frente a esta realidad, el ayuntamiento debe recuperar su papel como eje condicionador y reconductor del gasto público, priorizando las necesidades reales de las personas. Debe tener capacidad para influir en el gasto de otras administraciones y orientarlo hacia:
- Servicios públicos esenciales (sanidad, dependencia, servicios sociales).
2. Políticas de revitalización del medio rural.
3. Ayudas directas a la educación, la vivienda y la emancipación juvenil.
4. Transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones.
Solo desde una gestión municipal valiente, transparente y centrada en las personas se podrá defender efectivamente la libertad y los derechos sociales, transformando el municipio en un espacio de democracia real y justicia social.
Juan Fco. González Tejada
Una versión resumida de este artículo fué publicado en el diario Hoy de Extremadura (8/12/25) bajo el título "¿Servicio público o empresa politica?.
