Por Mendelevio
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 47, Constitución Española.
Desde <fa> criticamos sin tregua el modelo fiscal que carga la recaudación sobre tasas e impuestos indirectos (al consumo) mientras es más baja la presión en los impuestos directos (renta y riqueza).
Artículos de primera necesidad como la higiene femenina, ortopedia, energía e incluso la primera vivienda se ven sometidos a una carga impositiva destinada a sostener un aparato político hipertrofiado y su reparto de prebendas. Los poderes públicos no se esfuerzan por hacer efectivo este derecho, sino con gravarlo con impuestos (salvo para los cuatro españoles que se puedan permitir comprar la vivienda a tocateja, sin préstamos hipotecarios).
La política social no es apretar con impuestos la compra de la primera vivienda, porque, aunque inicialmente el impuesto lo paguen los bancos finalmente lo pagará el consumidor vía comisiones o tipo de interés. Clama al cielo que el gobierno del doctor en economía Pedro Sánchez haga esta medida, y además justifiquen que no repercutirá en los ciudadanos por la competencia entre entidades, cuando hemos visto los últimos 10 años como desde la Unión Europea y el Banco de España se ha apostado en reducir el número de entidades bancarias, con la excusa de que no eran viables. Nos aproximamos a un duopolio bancario del Santander y el BBVA en el que apenas tendrá el consumidor capacidad de elección.
Podemos e Izquierda Unida han tenido la desvergüenza de manifestarse ante el Tribunal Supremo por esta sentencia, cuando ellos previamente lo subieron en Aragón, comunidad en la que participa en el gobierno. Evidentemente se han respirado con la sentencia del supremo que ahora jalean, porque habrían tenido que devolver lo recaudado, y luego repercutírselo a los bancos.
Política fiscal social es grabar a los que más tienen y ganan vía los impuestos directos, en el caso de la banca pasa por grabar la renta del capital (dividendos de los accionistas) y del trabajo de los CEO de banca y miembros de los consejos de administración (sueldos y dietas inflados e indemnizaciones y jubilaciones obscenas). Lo otro es apretar a los más necesitados en sus necesidades y derechos básicos…