Actualidad

Conoce la actualidad de Falange Auténtica

Por Juan Francisco González Tejada.

El Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, fue publicado en el BOE, Publicado en BOE de 20 de Octubre de 1993, establece un impuesto, durante el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español con Felipe Gonzalez al frente.

Como suele ocurrir en esta política que no tiene a las Personas y sus Necesidades como Objetivo y  Fin de las acciones de Gobierno, se desvía y polariza el debate, para despistarnos de lo esencial, se establece el debate de quien paga el impuesto.

Pero vamos a ir desgranando este asunto por partes.

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Por Mendelevio.

En tiempo de escasez presupuestaria y crisis económica, debe mirase bien donde van las inversiones públicas. Hasta ahora el criterio de los gobiernos del PPSOE ha sido comprar votos a los partidos nacionalistas (e incluso separatistas) con inversiones millonarias en sus respectivas comunidades autónomas. En cambio, no se ha buscado la rentabilidad a largo plazo, ni la distribución de las infraestructuras que generan riqueza y fijan población.  Durante años (e incluso siglos), ha habido regiones beneficiadas por las infraestructuras públicas (conexiones ferroviarias con Francia, Exposición Internacional en 1928, Juegos Olímpicos de 1992…), contratos públicos (reconstrucción de la flota tras la guerra de Ultramar en 1898), exenciones fiscales (como el cupo vasco o la zona franca del puerto de Barcelona)… mientras otros territorios han sido marginados.

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Por Mendelevio.

La Unión Europea, el Gobierno de España y diversos ayuntamientos persiguen, criminalizan, penalizan y estigmatizan a los dueños y usuarios de vehículos diésel. Son asaeteados con subidas de impuestos, restricciones de circulación… una autentica campaña de acoso. Mientras las grandes compañías como Volkswagen y Opel que mintieron y trucaron sus motores para vender coches fingiendo que no contaminan están saliendo casi indemnes del escándalo. Ninguna autoridad se atreve con ellas.

Percibimos un doble rasero, como se trata al ciudadano (simple consumidor y pagano de impuestos) y a las grandes corporaciones (grandes beneficiadas de subvenciones a su producción o a la venta). A las grandes corporaciones se les protegen sus inversiones, evitando cambios normativos que generen “inseguridad jurídica”, apenas se les hacen responsables de sus errores y estafas (como en el caso de los motores diésel trucados), y se les garantizan los clientes, acosando a los propietarios de vehículos para que tengan que deshacerse de ellos y comprar nuevos.

Al ciudadano (mero consumidor y pagano de impuestos), no se le garantiza la seguridad jurídica, hace una inversión, basando su decisión en la normativa y la fiscalidad vigente, y de la noche a la mañana se puede encontrar que el marco normativo e impositivo ha cambiado, ya no sólo no puede amortizar su inversión, sino que puede que tenga que deshacerse de ella. Eso sí, antes le han cobrado impuestos (matriculación, I.V.A…) y poco después se le acosa para que cambie de vehículo.

Los Estados no han protegido a sus ciudadanos vigilando el proceso de producción de vehículos diésel, se le han cobrado impuestos por comprarlos y ahora se les acosa para que cambien de vehículos. Se les presiona para que vuelvan a dar dinero a esas mismas automovilísticas que ya estafaron a la sociedad, que vuelvan a pagar el I.V.A. y los impuestos de matriculación que ayudan a mantener a una clase política que no vela por los intereses de los ciudadanos y sí por el de las grandes empresas.

Esta cruzada para cambiar de vehículos la encabezan con argumentos ecológicos y de empleo. Los coches viejos en teoría contaminan más (si los nuevos no falsean los análisis), pero deshacerse de los vehículos viejos y fabricar nuevos también contamina. Esta economía del comprar, usar, tirar a largo plazo no es sostenible… Si fabricar vehículos nuevos genera empleos (cada vez menos por la automatización de la producción), el mantener vehículos viejos también genera empleos (talleres de barrio, fábricas y tiendas de respuestas…), pero los beneficios van a pequeñas empresas familiares que no tienen capacidad de presión en los gobiernos y parlamentos, y los consumidores pagan menos impuestos para mantener a la superestructura política parásita.

Si realmente se persiguen fines medioambientales ¿por qué la fiscalidad de los combustibles no se destina a fomentar y subvencionar el transporte público o la repoblación forestal para generar sumideros de CO2? ¿Por qué no se sanciona en condiciones a los estafadores de los motores diésel y se dedican esas cantidades en retirar los vehículos viejos? Al final como de costumbre los perjudicados son los más desfavorecidos, que no pueden permitirse el lujo de cambiar su viejo coche por uno más ecoeficiente.

 

Por Miguel Hedilla
publicado en La Tribuna de España

Nos escandaliza, y con razón, el independentismo catalán, sus esfuerzos por lograr sus objetivos y, de momento, la incapacidad, dejadez e incompetencia de los partidos nacionales para elaborar un proyecto claro, contundente y eficaz para españolizar Cataluña, pero por mucho que así sea, que lo es, no implica que ello sea el único problema, quizás uno de los mas importantes, pero no el único.

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Por Mendelevio.

El único ejemplar de la tesis doctoral Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012) de Pedro Sánchez cogió polvo durante años, esperando a ser consultada en una estantería de la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, pero ahora va a ser muy útil a la sociedad. No por su contenido, totalmente irrelevante, ya que es un refrito de artículos anteriores de los que era coautor Pedro Sánchez y citas al BOE y de publicaciones de otros autores. Cuando la tachamos de irrelevante nos basamos en criterios objetivos. ¿Cuántas veces ha sido citada en la literatura científica posterior? Será útil a pesar de no aportar apenas nada a la ciencia económica, será útil porque pondrá en la palestra el modo en que los tentáculos de los partidos políticos utilizan a las universidades en provecho personal.

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