Por Fernando Contreras

En esta Espańa de diputados con café subvencionado en el Congreso, en esta Espańa donde los que estamos hipotecados tenemos que mirar un euro o unos céntimos arriba o abajo en la lista de la compra, absteniéndonos de tomarnos algun que otro "cafelito, y los que no lo están aspiran a poder formar parte del club de los asfixiantemente hipotecados como única forma de acceso a una vivienda digna, en esta Espańa de polémicas políticas alejadas de los intereses ciudadanos, viene hoy al caso más que nunca hablar de precariedad.

Precariedad laboral como la que padecen los trabajadores de empresas como Delphi, que ocupan demasiado poco espacio en unos medios de comunicación y en un debate político cada vez más distante del pueblo, al que se convida a preguntar a los líderes del bipartidismo imperante en formato talk show.

El despido de 1600 trabajadores de la firma Delphi en Puerto Real debería constituir un revulsivo más para la conciencia ciudadana.

En el caso de Delphi contemplamos como una empresa que se ha beneficiado abundantemente de las subvenciones de la administración, anuncia el cierre, con el argumento de una pretendida y no probada falta de rentabilidad, de sus instalaciones gaditanas. Delphi, en suspensión de pagos en Estados Unidos desde finales de 2005, enmarca el cierre de la planta española en su estrategia de vender aquellas actividades relacionadas con productos no estratégicos, con el fin de reducir su estructura global de costes.

El caso Delphi no es sino una expresión de capitalismo salvaje que, a través de la deslocalización de empresas, atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores.

La competencia por la localización empresarial es una carrera global hacia costes más bajos. A lo largo y ancho del mundo comprobamos cómo los gobiernos subordinan a los seres humanos, y con ellos los derechos laborales, las leyes medioambientales o la política impositiva, a la obtención de inversiones.

En nuestro país, la Bahía de Cádiz viene sufriendo desde hace tiempo con especial virulencia la destrucción de puestos de trabajo y el hundimiento de sectores productivos enteros. Valgan como ejemplos Astilleros o Altadis.

En el caso de Delphi, como en otros tantos similares que se vienen produciendo, es necesaria una intervención decidida por parte de las administraciones implicadas y la articulación de mecanismos de solidaridad ante una precariedad e inseguridad laboral que a todos nos puede afectar, y que nos concierne a todos y a cada uno de los ciudadanos, ciudadanos que debemos alzar nuestra voz y no permitir que se releguen problemas verdaderamente acuciantes como el que aquí comentamos.


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