El Gobierno presenta a la mesa del "Diálogo Social sobre el Mercado de Trabajo sus propuestas el 18 de octubre; la patronal sobre el documento del gobierno, el 27 de octubre, pone encima de la mesa sus planteamientos: "órdago a la grande y quieren todo: contratos a la carta; rebaja sustancial de cotizaciones sociales; eliminación del contrato estable indefinido; despidos más fáciles y aún más barato y que los jueces laborales se callen la boca.

Los supuestos objetivos de la propuesta de Reforma laboral del Gobierno son reducir la temporalidad, fomentar la contratación indefinida, mejorar la seguridad jurídica de las contratas y subcontratas, promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, etc. Pero lo que realmente plantea el documento presentado por el Gobierno es facilitar y abaratar tanto el despido individual como colectivo, aumentar las prebendas a los empresarios duplicando las ayudas y bonificaciones a la contratación y reduciendo las cuotas empresariales a la Seguridad Social, potenciar las ETT y abrir la puerta a la privatización del Servicio Público de empleo. Concretamente proponen :

  • Igualar legalmente el despido colectivo con el despido individual por causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminando así la obligación de la autorización administrativa y la necesidad comunicar y negociar estos despidos.
  • Generalizar el contrato indefinido de fomento para la contratación indefinida de manera que los trabajadores contratados a partir de ahora verían reducida a menos de la mitad la indemnización máxima en caso de despido, en lugar de ser 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades, pasaría a ser de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades.
  • Convertir los despidos nulos por incumplimiento de los requisitos formales en despidos improcedentes.
  • Ampliar la duración de las bonificaciones empresariales de 2 a 4 años y para los mayores de 45 años y los discapacitados durante toda la duración del contratos.
  • Hacer extensivas las bonificaciones para los contratos de los trabajadores de menos de 30 años.
  • Bonificaciones adicionales para los contratos a tiempo parcial.
  • Reducción de las cotizaciones sociales de los contratos indefinidos de un 0,25 y a partir de 2008 de un 0,50.
  • Reducción de las indemnizaciones por fin de contrato para los trabajadores contratados a través de las ETT.
  • Ampliar a las empresas de menos de 50 trabajadores el abono por parte del Fondo de Garantía Salarial del 40% de la indemnización legal.
  • Legalizar las agencias privadas de colocación con animo de lucro y abrir la posibilidad de que estas sean contratadas por el INEM.

Para edulcorar todo este paquete de medidas antiobreras y facilitar las tragaderas de los sindicatos oficiales se hacen vagas promesas como la de establecer por Ley medidas para evitar el encadenamiento de contratos temporales o establecer una nueva regulación para el contrato de obra y servicio así como leves e insignificantes mejoras en las prestaciones de desempleo tales como ampliar en 6 meses el subsidio de desempleo para los mayores de 45 años sin cargas familiares que agoten una prestación contributiva o eliminar el tope legal, de poder acceder como máxima 6 veces a la Renta Agraria.

En definitiva esta reforma es un paso más en la estrategia de la patronal y el gobierno para desregularizar el mercado de trabajo y abaratar los despidos.

Por dignidad obrera, no a la reforma

A lo largo de los últimos meses UGT, CCOO, las Organizaciones Patronales y el Gobierno están desarrollando un proceso de negociación para consensuar una nueva reforma laboral.

Una nueva Reforma Laboral, que como todas las anteriores, nos depara incremento de la temporalidad y la inseguridad laboral, lo que comportará mayor siniestralidad y muertes en el trabajo. Mayor arbitrariedad y mayor explotación. Una nueva Reforma Laboral que como las anteriores se cebará en los sectores más desprotegidos: jóvenes, mujeres e inmigrantes.

La gran mentira de Gobierno, empresarios y sindicatos mayoritarios

La CEOE y la CEPYME, consideran -al igual que el gobierno y los sindicatos mayoritarios-, que "la estabilidad del empleo depende de las necesidades de producción. Quien fija estas necesidades de producción son ellos, los empresarios. Las personas asalariadas, la sociedad, las necesidades sociales, quedan fuera.

La lectura es muy sencilla: las necesidades de producción las fijan los empresarios. Estas necesidades se mueven en un entorno social y político de producción de mercancías, al menor coste y en las mejores condiciones de competitividad.

La patronal, además, no sólo amenaza en su documento, sino que afirma que "cualquier medida que penalice o limite la temporalidad, sin ofrecer alternativas de flexibilidad, acabará penalizando el empleo.

Su órdago es muy agresivo, pero muy real: "si las personas asalariadas quieren empleos, tienen que aceptar las condiciones que establecemos para ese empleo .

Desde FA y desde cualquier modelo sindical que sea coherente, alternativo y que defienda los derechos e intereses de los trabajadores y considere que la sociedad debe organizarse desde la solidaridad y no desde la competencia; desde el respeto, la libertad y la igualdad y no desde el autoritarismo, el individualismo y la ausencia de democracia; desde estos valores y desde estas actitudes, sólo cabe una respuesta: OPOSICIÓN FRONTAL A ESTA REFORMA LABORAL, APOYANDO SIN FISURAS LAS MOVILIZACIONES SOCIALES Y CONSTRUYENDO UN SINDICALISMO VERDADERAMENTE DEMOCRÁTICO, REPRESENTATIVO Y AUTOGESTIONARIO.