Somos trabajadores y, porque lo somos, sabemos que el primero de mayo sigue siendo una fecha con un profundo sentido social.

Hartos de ver como avanza imparable el neoliberalismo como formula económica global, no necesitamos ser demasiado avispados para darnos cuenta de que el damnificado de todo este proceso sigue siendo el trabajador.

La mano de obra es el factor económico más despreciado. Los que ofrecen trabajo saben que el trabajador tiene el mal vicio de comer y, en la mayor parte de los casos, incluso de mantener a sus familias. El trabajador depende de su trabajo y por ello las condiciones laborales siguen siendo, en definitiva, resultado de las políticas de intereses de los poseedores del capital, que juegan su baza de manera ventajosa. Y las ventajas son muchas, cada día más.

La ecuación es compleja, ya que sobre la suerte de los trabajadores pesan muchos factores, tanto dentro como fuera de las fronteras en las que prestan su servicio.

Tenemos, por un lado, la deslocalización. La baja productividad de las empresas del primer mundo es habitualmente resultado de la mayor cobertura social de que disfrutan los trabajadores en esos países. Igualmente, puede ser consecuencia de legislaciones más severas en materias tales como la protección del medioambiente, un coste empresarial desconocido en el tercer mundo. Así, en condiciones normales, es más sencillo producir en países baratos, y de esa manera, al incrementarse el paro en nuestros propios países, se abulta la cantidad de personas buscando trabajo. A mayor oferta, ya se sabe, menores precios de la mano de obra. O trabajas barato o no trabajas, y si no se consigue reducir el coste, la empresa directamente se traslada a otro lugar más favorable.

También debemos tener en cuenta los flujos demográficos de emigrantes que abandonan sus países de origen en los que, como ya hemos apuntado, las condiciones laborales son aún peores que en el primer mundo, y que recalan en nuestros países en condiciones de exigir bien poco. Sin papeles, irregulares, es como realmente perjudican los inmigrantes, puesto que su dependencia es aún mayor que la de los trabajadores regularizados o nacionales y su presencia da pie a formas de explotación que parecían erradicadas hace años.

La excesiva privatización de actividades consideradas hasta hace poco como estratégicas, lleva a procesos de subcontratación de los servicios públicos y consecuentemente a una consideración mucho más interesada de las necesidades populares que son cubiertas por empresas privadas que limitan su oferta, reducen costes y someten a sus trabajadores a condiciones laborales inferiores a las que el Estado podía ofrecer antes de las privatizaciones.

La neutralización de cualquier posición popular de lucha, propiciando esquemas vitales consumistas y cada vez más centrados en las necesidades personales. Estas necesidades, muchas de ellas superfluas, han llevado a nuestra sociedad a un estado de postración en que todo esfuerzo colectivo es despreciado por ser poco rentable. El individualismo consigue, con su carga de egoísmo, dejar a las personas sometidas al dictado de la publicidad y de las crecientes necesidades de consumo, entrampados y ocupados por conseguir más bienes y más comodidades. Y lo que es peor, distraídos de todo afán de justicia.

Los costes de la vivienda. Aparentemente pueden parecen irrelevantes a la hora de conseguir mejores condiciones laborales, pero nada más lejos de la realidad. El pago de nuestras viviendas -a quienes tenemos la suerte de tener una- nos supone un porcentaje grandísimo de nuestros ingresos mensuales. En estas condiciones, y con hipotecas baratas pero rigurosas en sus demandas de pago, nos vemos sometidos a una presión que nos quita toda gana de enfrentarnos a quienes nos pagan nuestros salarios a final de mes. Familias cada vez más pequeñas, con a lo sumo un hijo, son el resultado de nuestra necesidad de generar inmensos recursos para poder ejercer nuestro derecho constitucional a disponer de una vivienda digna. Un sueldo no suele ser suficiente para pagar nuestras hipotecas. En esas condiciones, viviendo prácticamente al día, no es buena idea poner en riesgo nuestra fuente de ingresos por escasa que sea, sobre todo cuando la precariedad y el paro por más que se pretendan maquillar siguen siendo el pan nuestro de cada día.

Hoy por hoy, acometer el cambio de estructuras económicas y de condiciones laborales es casi imposible. La desaparición de las fronteras para el capital ha diluido toda posibilidad de desarrollar ningún tipo de lucha. No hay enemigo que batir, puesto que, en cuanto que las cosas pinten mal, las empresas se irán sin más a cualquier otro lugar donde las leyes sean más adecuadas o los trabajadores menos díscolos.

Hoy el camino del cambio empieza en la mente de las personas, la revolución solo puede ser una revolución en los principios de los votantes, que serán los únicos con capacidad para poner freno al proceso de deshumanización en que estamos metidos. Las cosas pueden hacerse de otra manera y para que ello sea así, debemos ejercer el poco poder que nos dejan las estructuras sociales y propiciar políticas más sociales y basadas en principios de justicia y bienestar de las personas.

Mediante la concienciación de las personas, sobre todo de las que tienen con sus votos algo de capacidad de influir sobre los gobiernos, podremos conseguir algunos avances. Puesto que muchas de las decisiones políticas pueden mejorar algunos aspectos del problema global al que se enfrentan no solo los trabajadores sino toda la humanidad -y que no es otro que cómo gestionar de manera eficiente y justa la capacidad de crear y repartir riqueza que tiene el ser humano-, no podemos abandonarnos al desanimo y pensar que es demasiado duro el camino de lucha por conseguir un mundo mejor.

En los párrafos anteriores se indicaban cuestiones sobre las que se puede legislar.

Así, no cejar en la búsqueda de alternativas para abaratar la vivienda, con planes de fomento del las figuras de alquiler, protegiendo a arrendadores y facilitando el acceso a arrendatarios, luchar decididamente contra la especulación de un bien que debiera ser común, como es el suelo.

Poner trabas a la inversión en países extranjeros si no se dan garantías de que en esos lugares las empresas tratan justamente a los trabajadores y al entorno natural, evitando al tiempo todo consumo de productos en cuya fabricación se hayan vulnerado el derecho al trabajo digno que debiera tener toda persona.

Fomentar mediante presiones y ayudas internacionales el trabajo de calidad en los países que generan excesivo numero de emigrantes, sacando al tiempo a los que ya estén en nuestros países del submundo de la marginación y la economía sumergida, donde tanto daño sufren, no sólo ellos sino el conjunto de los trabajadores.

Exigir incrementos en las políticas de Investigación y Desarrollo con el objetivo expreso de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, para que no se dé la paradoja de tener un mundo hambriento e injusto que parece imposible de mejorar a pesar del avance tecnológico desmesurado que la humanidad ha experimentado en el último medio siglo.

Buscar formulas de economía social que hurte de las manos del capital financiero parcelas de producción de riqueza. Someter a control estricto las condiciones de trabajo en que se desarrolla la vida laboral de los trabajadores, para hacer realmente compatible la vida familiar y la laboral, consiguiendo el doble objetivo de dar satisfacción a los que cada día se esfuerzan en el trabajo, y animar a la fundación de más y mayores familias que garanticen el futuro de nuestra sociedad y la continuidad de un mercado al que seguir sirviendo.

Son cuestiones que se deben exigir el primero de mayo y el resto de días del año a nuestros representantes y a nosotros mismos, que debemos ser más participativos en política para responsabilizarnos de nuestro futuro, que al final es de lo que se trata.


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