Los concejales de Falange Auténtica han hecho público su respaldo al documento denominado Carta de Vitoria, donde los Ayuntamientos españoles han plasmado el decálogo de reivindicaciones para el municipalismo del siglo XXI.

Prescindiendo de algunos detalles menores (como puede ser una versión excesivamente idílica de estos 25 años en los que, reconociendo indudables avances, no cabe duda de que no todo ha sido color de rosa), resultan sustancialmente muy acertados los ejes sobre los que ha querido articularse la reclamación de las entidades locales para lo que ha venido en llamarse "la segunda descentralización. Tras la vertebración del Estado de las Autonomías, hace ya tiempo que sonó la hora de los municipios y, sin embargo, los sucesivos gobiernos centrales y los ejecutivos autonómicos no han sido hasta ahora receptivos a esta legítima aspiración.

La Carta de Vitoria plantea, en primer lugar, la conveniencia de promover "la representación de los poderes locales en el Senado. Si de verdad se cree en el Senado como Cámara de Representación Territorial, ¿por qué sólo se piensa en que estén presentes las comunidades autónomas, cuando los municipios y provincias son parte importante de la organización territorial de nuestro Estado? Nos tememos que los grandes partidos, al redactar este punto del decálogo, no están pensando en una presencia muy efectiva, sino que probablemente están apuntando –aunque no lo digan explícitamente- a una mera representación institucional de la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Falange Auténtica aspiraría a ir más allá: a que las Diputaciones fueran auténticas asambleas de municipios, elegidas por los mismos (y no, como son hoy, asambleas de representantes de partidos), y a que hubiera un sistema asambleario de carácter piramidal, que culminase en una auténtica cámara de representación territorial, donde fueran actores las entidades locales y territoriales en vez de los partidos políticos. Pero, cuando menos, como mínimo de consenso, es muy aceptable esta idea básica de la Carta de Vitoria de que los Ayuntamientos españoles, siquiera sea a través de la FEMP, tengan voz en el Senado.

 

En cumplimiento del principio de autonomía local, el municipalismo del siglo XXI demanda también "un nuevo Estatuto del Gobierno Local, con la definición de un "ámbito competencial propio para que las Corporaciones Locales puedan "gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad y en beneficio de los vecinos.

 

Este documento al que FA se adhiere aborda también el problema de la financiación municipal pero lo hace, por vez primera, en la línea que los concejales falangistas vienen defendiendo desde hace años: no con el establecimiento de nueva carga impositiva a los contribuyentes (como fueron, en su día, el I.A.E. y otros tributos), no mediante subvenciones finalistas (sujetas a favoritismos políticos, situación que convierte a los Ayuntamientos en órdenes mendicantes de los gobiernos de turno autonómicos y nacional), sino mediante "transferencias incondicionadas del Estado y Comunidades autónomas utilizando criterios objetivos "en función de las competencias que desarrollen y estableciendo los mecanismos de nivelación necesarios para garantizar la equidad.

 

La Carta de Vitoria defiende un Gobierno Local de proximidad, con aplicación del principio de subsidiariedad, y la creación de entes locales intermedios (mancomunidades, comarcas…) que aseguren la adecuada prestación de servicios públicos de calidad.

 

Es necesario articular un nuevo régimen de organización para los Gobiernos Locales con una mayor autonomía y capacidad normativa (Ordenanzas, Reglamentos, posibilidad de autoorganización…).

 

Se defiende la idea de un nuevo "Estatuto de los cargos electos locales para que, "como legítimos representantes democráticos del pueblo puedan desarrollar plena y adecuadamente sus funciones.

 

Los municipios españoles apuestan por modernizar la función pública local, mediante una política integrada de recursos humanos y de impulso de las nuevas tecnologías.

 

Las entidades locales quieren también que se refuercen los mecanismos de las relaciones intergubernamentales y de cooperación, que se institucionalice la FEMP y tenga presencia en la definición de políticas territoriales, y que los poderes locales sean reconocidos de forma efectiva como órganos de gestión e instituciones públicas.

 

Como se ve, la Carta de Vitoria recoge, cuando menos, algunas de las reivindicaciones que un movimiento de inspiración municipalista como el nuestro podría plantear para empezar a dar carta de naturaleza política al ente de representación política y de administración más cercano al ciudadano.

 

Por ese motivo, FA ha apoyado en los Ayuntamientos donde se ha presentado, la moción propuesta por la FEMP para adhesión a la Carta de Vitoria. E incluso en aquellas Corporaciones donde ni el equipo de gobierno ni ningún grupo la había presentado ha sido la propia Falange Auténtica quien ha impulsado una moción a tal fin.

 

Como la discrepancia ideológica no está reñida, en nuestro caso, con el reconocimiento de lo que se hace bien, nos alegramos que, con la llegada a la Presidencia del alcalde coruñés, Francisco Vázquez, a la Presidencia de la FEMP, los municipios españoles estén representados por alguien que no antepone su carnet de partido a la defensa de los intereses del municipalismo español. La FEMP ha puesto sobre la mesa de la negociación una apuesta fuerte por desarrollar un nuevo marco normativo, que dote a los Ayuntamientos españoles de mayor reconocimiento, de mejor organización y de mejores medios para cumplir su importante función.


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