Pierde lo público, pierde la educación, perdemos todos.
La política educativa de la Comunidad de Madrid presidida por la "lideresa del sector liberal del dividido Partido Popular, está alcanzando niveles peligrosamente amenazadores para el sector público.
Vamos a centrarnos en el ámbito de la enseñanza pública madrileña y dejaremos para posteriores ocasiones la política sanitaria de esta comunidad que está generando la movilización indignada de amplios sectores sociales.
Uno de las etapas educativas donde se está haciendo patente el afán privatizador de Esperanza Aguirre y su gobierno es la de Educación Infantil. Prueba de ello son el Decreto de Requisitos Mínimos de los centros del primer ciclo de la Educación Infantil y el Decreto de Enseñanzas de la etapa 0-6 para la Comunidad de Madrid.
Es necesario resaltar el alto nivel de calidad de las escuelas infantiles públicas madrileñas así como la carencia de plazas suficientes para cubrir las necesidades de las familias con hijos en este tramo de edad. ¿Y cuál es la solución que ofrece el Gobierno de Madrid a esa carencia de plazas públicas? Pues, sorprendentemente, la homologación de las escuelas públicas con las privadas, generalizadamente peor dotadas en infraestructuras y donde lo asistencial tiene en muchas ocasiones prioridad sobre lo educativo. Sí, han entendido bien, no se están homologando las escuelas de menor calidad con las que la ofrecen elevada sino al contrario. Se homologa a la baja. Se pretende aumentar para todas las escuelas el número de alumnos por aula, disminuir las condiciones físicas de los centros (donde por ejemplo no será necesario un patio de determinadas características sino que este podrá ser sustituido por un parque público cercano) y también dar cabida en el personal de estas escuelas a unas ambiguas "nuevas figuras profesionales para atender a los alumnos complementando o quizás sustituyendo a las extraordinariamente formadas educadoras/es y maestras/os.
Se promueve el carácter asistencial del ciclo 0- 3 frente al carácter educativo que ahora tenían estos centros. Con ello el importante papel que tiene en esas edades la intervención temprana y la detección de posibles necesidades educativas especiales , así como el carácter compensador de las desigualdades sociales que desempeña esta etapa, va a ser sustituido por unos planteamientos que no tienen como fin el último el desarrollo integral de los niños que hasta ahora se perseguía. Ya no se tratará de educar a los niños sino de ofrecerles una atención a sus necesidades básicas en aquellas horas en las que no puedan hacerlo sus padres.
No conviene olvidar que con estos Decretos de la Consejería de Educación se favorece, una vez más en Madrid, al sector privado en lugar de dar respuesta desde la administración a las necesidades ciudadanas.
Más allá de esta etapa se han producido hechos tan sorprendentes como la conversión de un colegio público en concertado y se mantiene y agrava la falta de dotación de los centros públicos así como la falta de equidad entre el sector publico y el privado en la escolarización de alumnado inmigrante o con necesidades educativas especiales junto con la inexistencia de incentivos para los docentes que, al mismo tiempo que disminuyen su poder adquisitivo, ven agravada la falta de estímulos profesionales y su inseguridad frente a las agresiones de alumnos o incluso familiares de estos. Mientras, la Comunidad paraliza la mesa sectorial de negociación cerrándose en banda frente a las reivindicaciones de los profesores, motivo que llevará a los docentes a la movilización y a la huelga los próximos 7 y 21 de mayo.
Como falangista auténtico reclamo políticas públicas que den respuesta a las necesidades de una sociedad de personas libres donde la justicia social pasa por la eliminación de las desigualdades y la atención a los más desfavorecidos. Lutecio