La acuciante y pertinaz sequía instalada en la mayor parte de nuestro País, que ha llevado incluso a restringir el agua de consumo doméstico, indispensable para vivir con dignidad, en importantes zonas urbanas pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de implementar políticas generales de integración nacional siguiendo la dirección contraria a la que está empleado el gobierno de la Nación, estimulado en tal nefasta tarea por varios gobiernos regionales.

No es de recibo que mientras el tercio norte y húmedo de la Península Ibérica dispone de enormes recursos hídricos que van, en su mayoría, a parar al mar, los ciudadanos del resto de la Nación estén pendientes de los partes meteorológicos para ver si llega la ansiada agua, indispensable para el desarrollo humano.

El Gobierno del PSOE y sus socios parlamentarios han procedido a cerrar la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M. Es evidente que los trabajos de esta Comisión no han servido, como los ciudadanos deseábamos, para arrojar una luz definitiva sobre el más dramático atentado de nuestra historia.

Y ello porque las fuerzas parlamentarias no querían averiguar la verdad, sino intentar apuntalar cada una su particular verdad. El Partido Popular tenía como objetivo demostrar que, por parte del PSOE, existió una utilización de estos crímenes para lograr la victoria electoral, aprovechándose de la enorme conmoción popular. El Partido Socialista y sus socios perseguían acreditar que el PP mintió en esos días, que el ejecutivo ocultó los indicios disponibles sobre la autoría o, cuando menos, dosificó convenientemente la información al servicio de sus intereses electorales. Es más que probable que sean verdad ambas cosas y que, como decíamos en esta misma web en los momentos posteriores al atentado, mientras España entera estaba rota por el dolor, las frías calculadoras funcionasen intensamente tanto en Génova como en Ferraz.

Pero, más allá de intentar reforzar estas versiones sobre los comportamientos partidistas que se produjeron entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, ningún partido ha centrado sus esfuerzos, con seriedad, con rigor y con honradez, en conocer qué hubo detrás de esta acción terrorista, qué errores se cometieron y qué medidas han de adoptarse para evitar que se repita un hecho semejante.

Tras el reciente veto del Senado a la ley aprobada en el Congreso de los Diputados sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posterior ratificación por parte de éste, en tercera lectura, de la misma ley, podríamos preguntarnos de manera sencilla ¿para qué sirve el Senado?, si la última palabra en la aprobación de las leyes las tiene el Congreso y lo único que puede hacer la Cámara Alta, en caso de discrepancia, es retrasar el tiempo de entrada en vigor de aquellas.

En una democracia imperfecta como la nuestra, donde el excesivo poder de los partidos políticos y la agobiante burocracia, acompañados por una prensa servil y  un Poder Judicial controlado por el Ejecutivo de turno (léase por los partidos políticos), han acabado por cerrar los espacios de participación ciudadana que suponen los pilares fundamentales de todo sistema democrático, el hecho de que exista un órgano del Estado (nada menos que la segunda cámara del Poder Legislativo) de tan evidente inutilidad, no deja de ser significativo del nivel de degradación política que hemos alcanzado.

La situación en el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara Español, se agrava trás una inesperada vuelta de tuerca cuya gestación había pasado desapercibida a los más sagaces observadores internacionales. Las advertencias del Presidente de la RASD, a la sazón Secretario General del Frente Polisario, de retomar la lucha armada si no eran atendidas las legítimas aspiraciones de su pueblo que no exige más que el cumplimiento de la legalidad internacional en el territorio, como vía para resolver un conflicto con más de treinta años de existencia, no parecen que sean un farol trás la sorpresiva intifada de los saharauis tanto en los territorios ocupados como de los estudiantes residentes en las ciudades universitarias marroquíes, incluida la capital Rabat.