Hoy, 30 de marzo de 2006, el Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno al texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Aunque la versión que sale de la Cámara Baja ofrece importantes novedades en relación con la propuesta que emanó del parlamento autonómico, se mantienen en la misma aspectos que consideramos sumamente negativos, como la calificación de la comunidad autónoma catalana como "nación, la obligatoriedad jurídica de conocer el catalán, el intervencionismo del poder autonómico en todos los ámbitos de la sociedad, el establecimiento de una carta de derechos ciudadanos diferente de la proclamada por la Constitución para todos los españoles, o la fragmentación del sistema judicial español, entre otros muchos.


Una de las múltiples pancartas colocadas esta mañana en Madrid

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En una semana donde las primeras planas de los medios de prensa se centraron en la escalada bélica de Oriente Medio y en la maraña política generada en España por las conversaciones-claudicaciones del gobierno socialista con la banda asesina ETA, nos hemos visto gratamente sorprendidos con la actitud de una decena de

pescadores españoles  que, asumiendo un comportamiento humanitario que fue más allá de lo exigible, socorrieron durante una semana a más de cincuenta náufragos, todos ellos emigrantes.

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En un país donde hasta las instituciones que deberían ser más independientes (como los órganos que constituyen la cúpula de nuestro sistema judicial, la Fiscalía General, las Comisiones que regulan la Competencia o la Energía...) actúan de forma altamente previsible (y casi siempre coincidente con el de quien nombra, quien paga o quien elige "cuota, dependiendo de los casos), desde un punto de vista ciudadano se agradecen comportamientos como el del actual Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que ha decidido hacer uso de su facultad de interponer recurso de inconstitucionalidad frente al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, un 20 % de la población residente en España vive por debajo del umbral de la pobreza relativa. Dicha estadística contempla como ingresos insuficientes la cantidad de 6.278 euros anuales, por debajo de los cuales se considera que se vive en esa situación de pobreza relativa.

Hay que considerar la posibilidad de que, en algunos casos, las familias afectadas por ingresos menores puedan disponer de otros medios de vida, con seguridad instalados en el proceloso terreno de la economía sumergida. Sin embargo, es obvio que dicha cifra de ingresos, y la gran cantidad de unidades familiares que se ven obligados a sobrevivir con su sola ayuda, es un dato muy preocupante y que vuelve a desdecir los triunfalistas informes que el gobierno maneja en relación a la situación económica de España.

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Desde su creación, Falange Auténtica ha venido prestando atención al grave problema de la vivienda en nuestro país y en los últimos meses ha puesto en marcha una específica campaña de denuncia.

 

FA señaló ya en su día la falacia que supone considerar que el coste de la vida sube realmente lo que marca el IPC general y, consecuentemente, aumentar los salarios con esa referencia. El porcentaje que la adquisición o tenencia de una vivienda supone sobre el total de los ingresos familiares ha crecido de forma mucho más elevada, y ello incide de forma muy directa en la vida cotidiana y en la economía doméstica.

 

En los últimos años, la vivienda se ha convertido en un problema acuciante, una cuestión que está entre las principales preocupaciones de los españoles. En tercer lugar, después de la inmigración y el paro, y por encima del terrorismo, los encuestados en el barómetro del CIS de septiembre de 2006 citan el problema de la vivienda, que casi alcanza un 21 %. Y, sin embargo, los grandes partidos no tienen ningún interés en convertirlo en objeto del debate político, lo que pone de manifiesto el divorcio existente entre los intereses ciudadanos y los de una clase política que vive de espaldas a los mismos.

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