El próximo 24 de mayo se celebrarán elecciones municipales, una convocatoria abierta a los extranjeros residentes en España. Al menos, a aquellos que acrediten unos requisitos previos y cuyos Estados hayan alcanzado acuerdos de reciprocidad con el nuestro: Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea y Trinidad y Tobago.
Los analistas ven en esta proximidad electoral la explicación del último bandazo doctrinal del Partido Popular, que anula la doctrina Mato en materia de asistencia sanitaria de la población inmigrante. Quieren ahora, en el PP, permitir nuevamente el libre acceso de estas personas a los centros de salud, so capa de la congestión de los servicios de urgencias.
No es un análisis reposado. Las condiciones draconianas para el ejercicio del voto por los extranjeros responden a la estrategia general de promover su desistimiento. Los distintos gobiernos han enfrentado el problema, que ellos mismos contribuyeran a crear, con la técnica del aburrimiento, que consiste en complicar las gestiones administrativas de la población migrante hasta el extremo de provocar su hartazgo. Subyace en ello la esperanza de animar el retorno a sus países de origen. Tras el efecto llamada sin precedentes habido durante el espejismo económico de finales de la década de los noventa, se puede ya parafrasear en sentido contrario la ominosa sentencia de Aznar, “ya no los necesitamos”.
Falange Auténtica ostenta, entre sus principios fundamentales, el valor de la Integridad humana. Quiere significar con ello que toda la política –y la economía- deben estar al servicio de la Dignidad y la Libertad de las personas. De todas las personas, sin distinción de origen ni de ningún otro tipo. En términos prácticos, este criterio nos permite defender que, desde el mismo momento de tocar suelo español, toda persona queda revestida de los derechos elementales que rigen en una sociedad civilizada; sometida a los deberes que regulan nuestra convivencia; y amparada por la protección del Estado.
Nuestra adhesión inquebrantable a la Dignidad y la Libertad no está exenta de dificultades. España, como el resto de los países del mundo, tiene limitada su capacidad para acoger población foránea. Para acogerla dignamente, queremos decir, no para recluirla en guetos infectos o para reducirla a unas condiciones de subsistencia infrahumanas, negación del principio fundamental que acabamos de exponer.
Por este motivo, los falangistas auténticos hemos denunciado reiteradamente la gravísima irresponsabilidad de los diferentes gobiernos del borbonismo en sus políticas de inmigración. Éstas han sido diseñadas sin atisbo de conciencia ética y desplegadas, para mayor escarnio, sin otro horizonte que la inflación de la burbuja económica cuyo estallido final nos ha conducido hasta la situación que hoy padecemos.
Denunciamos, a renglón seguido, la demagogia humanitarista de quienes pretenden hacer pasar los limitados recursos económicos del Estado por cornucopia o cuerno de la abundancia, mientras imposta incoherentes consignas a favor de la apertura indiscriminada de las barreras artificiales al libre tránsito de las personas.
Ante todo, celebramos el retorno a la sensatez del Partido Popular en las postrimerías de su mandato, decidiéndose a tratar a las personas venidas de cualquier parte del mundo con el respeto que su Dignidad intrínseca merece.
Cada relato de la inmigración lleva asociado un drama, en mayor o menor medida. Una concepción ética de la política no puede resultar indiferente a esta circunstancia. Son personas, con sus sueños y esperanzas, con sus necesidades y su contribución al progreso de nuestro país, muchas veces en detrimento del propio. No son frías magnitudes de flujo migratorio. Pero una concepción ética de la política debe inclinarse por la más racional de todas las opciones posibles, si no quiere dispendiar los recursos disponibles hasta el punto que ya nadie pueda obtener un beneficio de ellos.
Falange Auténtica apoya, en consecuencia, el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal, donde ve un riesgo para las personas migrantes y para la sostenibilidad económica del país de recepción; y la regulación racional de la inmigración legal, para evitar en el futuro las consecuencias de una imprevisión que, en muchos puntos de la civilizada Europa, ya ha servido como caldo de cultivo para las peores pasiones del género humano.