Falange Auténtica se hace eco del demoledor documento de la Comisión Europea sobre España, publicado el pasado 26 de febrero: “Informe sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos” (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf).
Sus datos resultan demoledores. Más de 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013; una de las mayores desigualdades en materia de ingresos en 2014; y una brecha de pobreza en dramática progresión desde 2007. Sin embargo, las cifras no pueden tomarnos por sorpresa, pues otros organismos públicos, como la OCDE, y privados, como Cáritas España, ya venían advirtiendo desde lejos de magnitudes en esta misma senda.
El aspecto verdaderamente relevante, y del que nadie parece haber querido hacerse eco, es la vinculación que han establecido las autoridades europeas entre nuestra deficiente política social y el modelo de estructura territorial de España. En los términos estrictos que la cortesía institucional no ha permitido utilizar, Bruselas quiere significar que el “estado de las autonomías” incide como un grave obstáculo para el despliegue de políticas eficaces con destino a la gente común.
Su explicación es clara. La superposición de niveles administrativos y la proliferación reglamentaria -consecutiva al furor legislativo de las Comunidades Autónomas- provoca serias ineficiencias en la distribución de las ayudas y las prestaciones públicas. Tan sólo le ha faltado a la Comisión referirse al riesgo de “distracción” de fondos aprovechando el laberinto burocrático en que se ha convertido nuestra administración. Claro que, en esto, Europa tampoco parece libre de pecado.
La multiplicación de instancias promueve, también, ineficacias en materia de empleo. De hecho, el informe incide expresamente en cómo la diversidad de sistemas y criterios de admisión, así como las dificultades para la transferencia de derechos entre diferentes sistemas autonómicos, pueden estar desincentivando la búsqueda de empleo o la movilidad laboral de los desempleados.
Para Falange Auténtica resulta evidente que la Comisión se queda corta en sus críticas a nuestra organización territorial. Porque algunos cálculos, que tenemos por realistas, señalan que las Autonomías y los Ayuntamientos degluten las dos terceras partes del gasto total de la Administración Pública, “algo único en el mundo, que lleva a un despilfarro anual de más de 100.000 millones (el 10% del PIB), respecto a lo que supondría un estado unitario administrativamente descentralizado”, según la escandalosa estimación del economista Roberto Centeno.
El “tinglado” autonómico sale duramente tocado en el informe europeo, que da continuidad a varios pronunciamientos previos de la Comisión. Falange Auténtica reconoce en las conclusiones de Bruselas la lógica de algunos de sus propios argumentos. Entre éstos, que el discurso justificativo de las CC. AA. ha sido falsado por la realidad de los datos. Las autonomías no han mejorado la vida de los ciudadanos; no han traído consigo ni la prometida racionalización ni la limitación del gasto; tampoco, una gestión “más próxima” a la gente, más allá del maquillaje políticamente correcto de la utilización de las lenguas vernáculas en las ventanillas de la administración, prestación que podría haberse cubierto con un simple programa de incentivos entre los funcionarios.
Estas fallas de la administración autonómica dejan al descubierto su auténtica naturaleza, que no es otra que la de una vía de escape para la tensión clientelar que se genera en el interior de los partidos políticos, el dispendio de recursos y la fuga de dinero público hacia cuentas privadas en Suiza, Andorra, Gibraltar o cualquier otro paraíso fiscal.
Con todo, lo más grave de este modelo descabellado de descentralización del Estado –que hizo caso omiso de formas más racionales de acometerla- necesita, como coartada, del culto artificioso de la diferencia y la identidad. Una realidad completamente ausente del discurso público oficial, por aquello de no matar a la gallina de los huevos de oro, que nos está costando muy caro a quienes defendemos aún la viabilidad de España como proyecto común de futuro.