La asignación de un presupuesto de 350.000 euros anuales (más de cincuenta y ocho millones de pesetas) para implantar un servicio de traducción simultánea en la Cámara alta con el que los senadores podrán expresarse, y entender, en las lenguas regionales de España, no es sino un capítulo más del esperpento con el que la casta política parásita nos tiene acostumbrados, que en estos tiempos de graves crisis económica chirría aun más porque lo hacen, con total desparpajo, con el dinero público que debería ir a fines de verdadera utilidad social.
A sus señorías les da igual que el paro afecte a millones de compatriotas, que cientos de miles de españoles hayan perdido sus casas o que la utilización de los servicios sociales, públicos o de la Iglesia Católica, se haya disparado. Ellos a lo suyo, a acumular privilegios o a gastar en chorradas como esta, cuando todos los presentes en el Senado hablan y se comunican en español, que es la lengua común.
El apoyo del PSOE a esta vieja reivindicación nacionalista no es más que otro botón de muestra de que a los partidos mayoritarios les importa más su supervivencia política, plasmada en la aritmética parlamentaria, que el bien común de nuestra Nación. Si en la anterior legislatura, ZP se apoyó en los grupos nacionalistas radicales como ERC, BNG, CHA o NaBai, ahora les toca a los burgueses de CiU, PNV y CC coger su parte del pastel y así nos va.
FALANGE AUTÉNTICA que, como no podía ser de otra forma, rechaza el absurdo gasto en el nuevo servicio de traducción simultánea del Senado, respeta, y así lo ha manifestado siempre, a todas las lenguas de España que junto a las instituciones, símbolos y señas de identidad de las comunidades que integran nuestro País, forman parte del patrimonio nacional. Pero entendemos que es en el ámbito institucional de nuestras regiones donde han de desarrollarse las singularidades de cada una y no llegar al esperpento de pagar para traducir a quienes de sobra hablan en el idioma común, el español.
Pero los falangistas vamos más allá a la hora de ahorrar al contribuyente gastos superfluos que podrían ir asignados a destinos más necesarios. Toda la institución del Senado es un gasto inútil, enmarcada en un sistema bicameral con total preponderancia del Congreso de los Diputados que tiene la última palabra a la hora de aprobar leyes enmendadas e incluso vetadas por el Senado, quedando éste relegado a ser una cámara de segunda lectura con un papel totalmente subordinado al Congreso. Por ello desdeFALANGE AUTÉNTICA abogamos por la supresión del Senado y que la Soberanía Nacional esté representada en un Congreso de los Diputados con trescientos miembros, ciento cincuenta de los cuales sean elegidos en una única lista a nivel nacional y la otra mitad en circunscripciones provinciales e insulares, distribuidas en función al número de residentes en cada una y todo ello a través de un sistema de listas abiertas para que el elector no tenga que tragarse a todos los candidatos propuestos por los partidos.
Pero puestos a racionalizar el gasto público, ahora desbocado, no deberíamos perder de vista la oportunidad de cambiar nuestro sistema, eliminando instituciones innecesarias y excesivamente caras:
1) No tiene sentido mantener las diputaciones provinciales en un estado que basa su descentralización territorial en las regiones y municipios.
2) El desprestigiado Tribunal Constitucional debería ser despolitizado y convertido en la sala de lo constitucional del Tribunal Supremo, en el marco de un Poder judicial independiente.
3) Los ayuntamientos de los municipios con menos de cuarenta mil habitantes son económicamente insostenibles y ello se ve reflejado en los deficientes servicios que prestan a sus vecinos, por lo que habría que proceder a su disolución y agrupar los mismos en entidades supramunicipales de ámbito comarcal.
4) Es preciso que la soberanía popular se exprese en todos los ámbitos de la Nación, por lo que propugnamos que se fundan las actuales figuras del Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno, suprimiendo por tanto a la Casa Real.
5) Es necesaria la ordenación del estado de las autonomías, causante principal del grave déficit público de España. El Estado ha de recuperar las competencias que le otorga la vigente Constitución y que han sido transferidas más por criterios de oportunismo político que de verdadera necesidad. Así, para garantizar el derecho a la igualdad de todos los españoles, independientemente del lugar donde residan, el Estado ha de ejercer las competencias sobre educación, vivienda, justicia, seguridad, servicios sociales y políticas de empleo, hoy cedidas a las comunidades autónomas y que han creado un galimatías de difícil solución.
Estas son nuestras propuestas para la regeneración que España necesita. Pero todo ello no tendría la más mínima eficacia, si la gestión pública no estuviera basada en los fundamentos éticos necesarios que nos hacen concebir a la tarea política como un servicio a nuestra Nación.
