Por Alonso Goya

Tal es el clima de crispación creado por los políticos de los partidos parlamentarios y alimentado por los periodistas seguidores de estos mismos grupos, que empieza a dar pánico encender una televisión o mover el dial de un aparato radiofónico.

En poco menos de dos semanas, cuando mi único interés era informarme sobre determinados temas o presenciar un debate serio entre contertulios sobradamente preparados para ello, me he encontrado con situaciones que parecían sacadas de una pelea callejera, de una bronca de mercado o de una fea discusión de barra de bar. Los implicados son personas de sobra conocidas que, en lugar de utilizar su –se supone- exquisita formación para argumentar sus opiniones, lo que hacen es lanzarse metafóricamente (de momento) al cuello de su adversario.

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Por Bárbara

El lamentable y vil espectáculo que días pasados ha vivido y que pervive en España en torno a la situación de un etarra, autor y coautor de veinticinco asesinatos, ha conmocionado a una gran parte de la sociedad y ha vuelto a dejar traslucir el gran escarnio al que la están sometiendo los poderes del Estado, con otra parte de la sociedad a su vera.

 

El caso como el presente, el del etarra De Juana Chaos, no podemos ubicarlo sólo desde una perspectiva de objetiva, simple y llana consecuencia de la flagrante politización de la Justicia, inaplicación de la ley e inexistencia de separación de poderes, que se remonta a la promulgación por parte del PSOE de la LOPJ de 1985, hoy vigente -no derogada por los gobiernos del PP, que ignoraron inopinadamente su compromiso- y que subvirtió el artículo 159 de la Constitución en torno a la elección de los miembros de la judicatura, sino también a una y triste y vergonzosa desaparición de cuantos valores básicos, éticos y morales deben latir en una sociedad que se considere mínimamente digna, justa y, en consecuencia, viva.

 

Por un lado, el etarra ha cumplido, sabido es, 18 años de la condena que le fue impuesta con el Código Penal anterior al vigente, que se aplicó en virtud del carácter retroactivo de las normas penales más favorables, con el añadido de la siempre problemática y no debatida aplicación de los beneficios penitenciarios. Esos beneficios penitenciarios se han utilizado de forma automática con los miembros de la banda, con el fin de rebajar sus penas, sin tener en cuenta que dichos beneficios han de ser aplicados siguiendo el criterio intuiti persona, esto es, en razón del caso particular enjuiciado, atendiendo los criterios de la ley y con exigencia lógica de los requisitos mínimos y tasados que deben exigirse en quien ha delinquido. En el caso de la banda terrorista, se entendería que hay pronóstico de reinserción social -así lo dice la ley- cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista, haya colaborado activamente con las autoridades con el fin de impedir o paliar otros hechos delictivos, se produzca un repudio de las actividades terroristas, etc.

 

La función y finalidad de la pena es la prevención; y la del beneficio penitenciario, la resocialización. Pero es evidente que en el caso presente -en el caso de este terrorista y sus cómplices, y de los terroristas en general- ni se cumplen los fines ni las expectativas, porque sus fines son obviamente otros, no son los nuestros. La sociedad española es su fin y víctima final, pero los instrumentos y resortes que utilizan son los que le proporciona esa misma sociedad que ellos combaten, los de la legislación española, pero usurpados por ellos para beneficio propio, ante la ceguera -o no, quizás el interés, por qué no decirlo- de los poderes públicos.

 

Si el Derecho Penal se concibe y justifica como el sistema protector de bienes jurídicos, entendiendo los mismos como protección y amparo de la sociedad en su conjunto, particularizada en cada una de las individualidades que conforma cada ciudadano, el sistema quiebra cuando el peso de la ley no se aplica a casos tan increíblemente lacerantes como el de De Juana Chaos.

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Por Pedro Miguel López Pérez, sociólogo.

Allí estaba él, yo le vi, dispuesto como otros muchos miles de españoles, como nosotros, militantes de Falange Auténtica, a participar en la magnífica manifestación que en contra de la negociación con ETA convocó el Foro de Ermua el pasado 3 de febrero en Madrid.

 

Nos cruzamos justo antes de que se iniciara dicha marcha. Por un segundo estuve tentado de pedirle que nos explicase de qué fuentes había obtenido información sobre las subvenciones supuestamente recibidas por nuestro partido. Llegados a este punto, y por si alguien se ha perdido, conviene recordar que don Amando de Miguel, el otrora omnipresente sociólogo de referencia en no pocos medios de comunicación, autoconsiderado como uno de los pioneros de las ciencias sociales en España, desde los micrófonos de la COPE afirmó que la presencia de Falange Auténtica en la manifestación del 13 de enero, convocada por las asociaciones de ecuatorianos, CC.OO. y UGT se debía a que nuestra organización recibía algún tipo de subvención por el simple hecho de asistir.

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Por Alberto Vara

Uno de los problemas con los que se encuentra el falangismo democrático, y no son pocos, es el de redefinir y actualizar –cuestionar al fin y al cabo- un ideario nacido a lo largo de los años treinta del siglo pasado, en plena efervescencia de las ideologías totalitarias o revolucionarias (fascismo, nazismo, comunismo, anarquismo, etc...) y mantenido de manera invariable con el correr de los años. Posiblemente esto se deba a que el falangismo democrático, hoy en día, no pasa de ser un núcleo resistente que tiene trabajo suficiente con remar contra corriente al filo de la catarata.

Se produce un doble fenómeno de carácter ideológico: repetición de ideas-fuerza actualmente desconectadas de la realidad española del siglo XXI y falta de propuestas concretas y creíbles que conformen un ideario propio y revolucionario, al más puro estilo nacionalsindicalista. Una de estas ideas-fuerza es la de la nacionalización de la banca. Esta propuesta, que no es falangista en origen, sino que la toma la Falange original de otros movimientos políticos que llevaban décadas incorporándola en sus programas, se puede oír actualmente de la boca de muchos falangistas. Esta idea, huelga decirlo, carece de cualquier profundidad analítica en la mayoría de los casos. Como buen dogma de fe, es y no se cuestiona.

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Por Bárbara

Acaba de entrar en vigor la denominada Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres) materializando el principio de igualdad, formalmente sustentado en el artículo 14 de la Constitución, y teorizado como derecho subjetivo de todo ciudadano a obtener un trato análogo, que obliga a que supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en situaciones jurídicas equivalentes.

 

Varios interrogantes resultan inevitables:

  • Normativizar lo que es un principio general, el de igualdad, ¿no supone más bien pretender confundir dicho principio con el concepto de uniformidad?
  • ¿Y acaso no estamos ante una intromisión ilegítima del poder del Estado en determinados ámbitos, donde el poder decisorio y último está en el marco y ejercicio de la autonomía privada?
  • En tercer lugar: ¿estamos ante una ley de carácter imperativo o más bien ante una norma de carácter coadyuvante, cuya finalidad es favorecer y promover la inexistencia de la desigualdad?
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