Por Alberto Vara

Uno de los problemas con los que se encuentra el falangismo democrático, y no son pocos, es el de redefinir y actualizar –cuestionar al fin y al cabo- un ideario nacido a lo largo de los años treinta del siglo pasado, en plena efervescencia de las ideologías totalitarias o revolucionarias (fascismo, nazismo, comunismo, anarquismo, etc...) y mantenido de manera invariable con el correr de los años. Posiblemente esto se deba a que el falangismo democrático, hoy en día, no pasa de ser un núcleo resistente que tiene trabajo suficiente con remar contra corriente al filo de la catarata.

Se produce un doble fenómeno de carácter ideológico: repetición de ideas-fuerza actualmente desconectadas de la realidad española del siglo XXI y falta de propuestas concretas y creíbles que conformen un ideario propio y revolucionario, al más puro estilo nacionalsindicalista. Una de estas ideas-fuerza es la de la nacionalización de la banca. Esta propuesta, que no es falangista en origen, sino que la toma la Falange original de otros movimientos políticos que llevaban décadas incorporándola en sus programas, se puede oír actualmente de la boca de muchos falangistas. Esta idea, huelga decirlo, carece de cualquier profundidad analítica en la mayoría de los casos. Como buen dogma de fe, es y no se cuestiona.

¿Alguien en sus cabales puede sostener hoy en día que una banca nacionalizada es viable? Por suerte y por desgracia, el sistema económico ha evolucionado tanto en las últimas décadas que pretender una medida como ésta en la Europa globalizada del siglo XXI sería decretar la paralización de la economía nacional a corto plazo y, con ello, la ruina de la sociedad.

 

¿Qué se esconde detrás del pensamiento económico que incorpora Falange Española a su discurso a partir del año 33? Por supuesto, las ideas de progreso, bienestar social, participación obrera, justicia redistributiva y economía al servicio del hombre. Por desgracia, una nacionalización de la banca en España debería ir unida a un golpe de Estado, una dictadura, un aislamiento internacional o alineamiento con las pseudodemocracias populistas latinoamericanas, etc... Y la autarquía económica, en cualquier país y especialmente en España, es absolutamente inviable.

 

¿Qué proponer entonces? Habrá que hacerse preguntas nuevas, tal vez más complejas y menos doctrinarias, más posibles que ideológicamente puras.

 

Una de estas propuestas, en cuanto a la banca se refiere, podría ser la de la nacionalización de los servicios bancarios.

 

Los bancos y entidades de crédito se mueven a la vez en dos terrenos diferentes de la economía: el especulativo y el productivo. Están detrás de los grandes movimientos de dinero, cuyo único fin es multiplicarse por el mero aprovechamiento de la oportunidad que brinden los mercados, y también lo están de la financiación de las empresas, grandes y pequeñas, productoras de bienes o servicios de este país.

 

Nacionalizar algunos servicios bancarios podría ser, a medio plazo, una propuesta realizable que no mermaría significativamente los beneficios de los grandes bancos y, en cambio, solucionaría muchísimos problemas reales y cotidianos de una gran masa de españoles. ¿Por qué no intervenir desde el Estado en el control de los préstamos para una primera vivienda o una pyme? ¿Por qué no plantear un cambio en un sistema crediticio que premia la compra de segundas y terceras viviendas o empresas? ¿Por qué no replantearse el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO)? ¿Sigue siendo importante el plantear la nacionalización de una estructura bancaria globalizada o más bien interesa garantizar el fin social de unos recursos que controlan los bancos? ¿Por qué no oponerse con uñas y dientes a la pérdida de identidad de las Cajas de ahorro y su conversión en meros bancos?

 

Tal vez le falte al falangismo democrático y revolucionario encontrar su espacio político propio, tal vez sea la hora de colgar los viejos dogmas y plantearse retos ideológicos de calado: reforma electoral con una enmienda que haga visible el voto en blanco, reforma de una Ley de Libertad Sindical que convierte a las asociaciones obreras en subsidiarias del gobierno de turno, un avance en la descentralización local, una ley de financiación de partidos, etc...

 

Tal vez sea, pues, hora de prescindir de la doctrina y enfrentarnos a un diálogo constructivo que estructure el ideario propio del falangismo democrático del siglo XXI.