Eduardo López Pascual

En una prueba más de la insolidaridad del capitalismo como sistema de convivencia, el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo, en una sentencia reciente, promovida por la Alemania de Merkel, ha restringido las ayudas a inmigrantes sin actividad profesional y económica -es decir, a los parados procedentes de países comunitarios-, la posibilidad de conceder ayudas sociales que, básicamente, se refieren a las prestaciones sanitarias. Para mí, supone un terrible golpe a los sectores de población más necesitados y pobres de la sociedad, cualquiera que sea el país donde estén, que -se supone-, no han emigrado por comodidad sino empujados por hambres de pan y de justicia. La inmensa parte de esos ciudadanos, de esas personas, son los marginados del sistema. Y aunque es cierto que suponen una carga aditiva a las económicas de la UE, nadie, ninguna nación o Estado, puede permanecer impasible ante el sufrimiento de quien no tiene trabajo, ni casa, ni medios para subsistir. Es en esas circunstancias cuando se tiene que demostrar, con hechos, la voluntad de ser solidarios y procurar -al menos- que no se mueran de hambre o de enfermedad.

Eduardo López Pascual

El Tribunal  de Luxemburgo, representante de un pensamiento ultraliberal, asistido con los deseos del británico Cameron o del germano Weber, ambos líderes de una derecha montaraz, no entiende de obligaciones generosas, ya que es muy difícil probar que alguien, quien fuera, va de turismo a UE, deja familia y hogares solo por el gusto de conocer privaciones y angustias para subsistir. Pretenden negar o recortar, hasta límites amorales, la cooperación con los extranjeros comunitarios que no acrediten ejercer un trabajo, un empleo, pero esto no es más que- a mi modo de ver-, un rasgo más de este capitalismo inhumano, que se desentiende a propósito de las simple subsistencia de ciudadanos en ruinosa situación. Y esta nueva posición de algunos países miembros de la UE sienta jurisprudencia, por más que al final sean los propios Estados los que decidieran su aplicación. A tenor de la filosofía capitalista, y aquí se padece, parece claro que pronto veremos en España resoluciones similares. “El sistema”, nos dará un motivo más para  rechazarlo de modo determinante y definitivo.

Los falangistas, los hombres de buena voluntad, los que creemos en la hermandad de todos los hombres, debemos de lanzar nuestro grito de protesta por esta nueva agresión a la dignidad de los que, por una causa de puro sobrevivir, se arriesgan a  la aventura, muchas veces durísima, peligrosa, de buscar un futuro lejos de su casa, de sus hijos, de su tierra. El hecho de que se cometan abusos por parte de unos indeseables, o tal vez movidos por un efecto de boomerang, no puede justificar nunca una eliminación de prestaciones sociales como las que ha aprobado Luxemburgo. Hay recursos jurídicos para que, si hay personas que cometen abusos, se les castigue; pero no a costa de suprimir unas ayudas que solo por humanidad deberían de permanecer constante en la legalidad de todos los países, al menos de la Comunidad Europea. Por mi parte empezaría una campaña a escala nacional para proclamar mi negación en apoyar semejante propuesta netamente capitalista.


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