Por Juan Francisco González Tejada

Para salir de estos tiempos de crisis es preciso analizar todos y cada uno de los factores que nos han llevado a este estado de cosas. Hoy queremos centrarnos en la problemática  social que se plantea por la situación socio-económica de un colectivo de trabajadores, a los que podríamos llamar los "desclasados" del siglo XXI porque no son obreros ni quedan bajo el ámbito del Estatuto de los trabajadores, por lo que su problemática no se puede amparar en el ámbito sindical ni en el empresarial, a pesar de acaparar las funciones de propiedad, organización y trabajo de sus propias empresas.

Algunos datos descriptivos de sus condiciones de trabajo son:

54,7 horas de trabajo promedio a la semana
17 días promedio de vacaciones al año
1,2 días de descanso promedio semanal

Desde estas páginas falangistas queremos denunciar la realidad evolutiva de las feroces garras de la ambición  y el egoísmo al que nos aboca el capitalismo y esta economía mixta que se sustenta en el esnobismo, las ambiciones desmedidas y el instinto de supervivencia de la nueva clase social privilegiada: la clase política. Esa clase que vive ajena al destino del tejido productivo, al sacrificio del mundo del trabajo y se muestra inconsciente a lo insostenible del constante crecimiento del  gasto público no social.

Durante las últimas décadas, se ha instaurado en la actividad económica española una práctica perversa, legal  pero ilegitima, y catastrófica desde el punto de vista de la estabilidad financiera y la solvencia económica. Esa práctica, que afecta gravemente a una parte muy importante del colectivo de los autónomos (unipersonales o que cuentan con un número bajo de trabajadores a su cargo), consiste  en la realidad que a continuación describiremos.

La banca es propietaria de grandes empresas a través de las que domina el tejido productivo nacional.

Esas empresas en la mayoría de los casos  han ido eliminando al personal propio,  trabajadores con derechos laborales que podrían plantear su problemática en el ámbito de la acción sindical ya que sus derechos estaban perfectamente recogidos en la normativa laboral. Sólo se han quedado con aquellos puestos de alta cualificación  y aquellos otros que, sin serlo, permiten el control y la gestión de los trabajos que van a realizar las subcontratas. Todo en el marco de una normativa que en las sucesivas modificaciones legislativas, ha ido  degradándose en perjuicio de los trabajadores por cuenta ajena.

Los trabajos que antes hacía el personal propio ahora los realizan los autónomos, pequeñas empresas que se han dado en llamar subcontratas. Empresas reducidas, donde los propios trabajadores, y esta es una muestra de la bondad de la fuerza del trabajo, al ver la situación del barco en el que navegan, donde el patrón es el primero que está en el tajo y es él ultimo que abandona el timón, no se plantean en muchos de los casos la exigencia del cumplimiento estricto de sus derechos laborales. Primer objetivo que el capitalismo ha conseguido, trasladando la problemática social a entes ajenos a las grandes corporaciones y más débiles económicamente.

No contentos que con eso, la ambición feroz y el silencio social han permitido que los trabajos que cada mes realizan estos AUTÓNOMOS, se paguen 180 días después de realizados. Repito 180 días después de terminados, ciento ochenta en teoría porque los mecanismos burocráticos que las grandes empresas imponen hacen que sean 180 desde la presentación de las facturas, con lo cual la realidad es que desde que el AUTÓMONO realiza los gastos de materiales y demás  necesarios para realizar su actividad, hasta que cobra pueden  pasar hasta 210 días.

Para poder seguir trabajando cada mes  y pagar tanto a proveedores y como a sus trabajadores, los AUTONÓMOS tienen  que recurrir a líneas de descuento financiero en los bancos (los que a la vez son propietarios de esas grandes empresas para las que trabajan subcontratados), o bien  financiar su actividad empresarial con sus ahorros familiares.  En otras palabras, las grandes corporaciones que en muchos casos son propiedad de los bancos, en lugar de recurrir a esas entidades financieras para hacer frente a su actividad o dedicar su dinero liquido a ello, lo que hacen es obligar a que se endeuden los débiles: los AUTONOMOS y ellos con su dinero lo que hacen, en ese afán desmedido por acumular riqueza, es comprar activos de otras compañías o invertirlos en productos financieros que aumenten sus cuentas de resultados. Todo ello a costa del trabajo, el sacrificio y el endeudamiento de los AUTÓNOMOS que se someten por necesidad y supervivencia (contratos de concesión de servicios) a estos buitres, de los que desde estas páginas nos declaramos pública, abierta y firmemente  enemigos.

Esta situación que se ha venido dando en las últimas décadas y que se ha extendido a todo el tejido productivo nacional (ya no es práctica sólo de las grandes corporaciones), cuando ha llegado este periodo de crisis produce un efecto caótico desde el punto de vista productivo, porque cuando cae una gran empresa lo que se produce en cadena es la descapitalización de un amplia masa del tejido productivo que se sustentaba sobre la actividad de los AUTÓNOMOS, que ven así como la grandes empresas les dejan a deber más de medio año de su trabajo. Desde el punto de vista social, esta situación les supone la ruina más absoluta, la insolvencia y lo que es aún más grave, un endeudamiento que no pueden asumir y que está llevando a muchas familias a perder hasta su propio techo por los embargos ocasionados por las deudas contraídas.

Otro efecto pernicioso del que no se habla, es que esta situación ha llevado al paro a más trabajadores españoles que los que han dejado de trabajar para las multinacionales que constantemente nos enseñan los medios de comunicación y por los que tanto se interesan los políticos y  tantas ayudas públicas se entregan. Si tenemos 80.000 autónomos menos que hace un año, sólo a una media de 3 trabajadores por cada uno de ellos es fácil hacer cuentas.

Ante estas situaciones los AUTÓNOMOS están indefensos y a la intemperie, sin que existan salidas en la cobertura social para protegerles.

Los falangistas auténticos manifestamos nuestro apoyo a este colectivo laboral y exigimos que se tomen urgentes medidas legales que palien su situación financiera. Medidas sociales que permitan que estas familias tengan, al menos, lo necesario para poder comer. Y medidas en el ámbito del derecho mercantil para impedir a los económicamente poderosos financiarse a costa del endeudamiento de los más débiles. Si ha habido billones de euros detraídos de las arcas públicas (nutridas con los impuestos de los españoles) para los que han provocado esta crisis en lo productivo y lo financiero, tienen que haber también fondos públicos para garantizar un mínimo de dignidad a los que durante muchos años han ayudado con su esfuerzo a crear el estado del bienestar, contribuyendo también a pagar los sueldos desorbitados de los políticos profesionales que, estando obligados a legislar en bien de todos los españoles, no han  hecho nada para evitar la situación injusta que aquí hemos descrito.

 


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